Los desalojados de Sport Aljarafe rechazan la expropiación de casas

Las once familias de Sport Aljarafe que están desalojadas de sus viviendas por los problemas de deslizamiento de la ladera en la que se asienta la urbanización han rechazado una reciente propuesta del Ayuntamiento de Tomares para expropiarles los inmuebles de forma pactada.

Según explicó Rocío Santiago, una de las afectadas, el Consistorio llegó a ofrecer más de 1,1 millones de euros para el conjunto de viviendas, desalojadas tras la declaración de "ruina inminente" en abril y noviembre de 2016. Los afectados consideran la cifra insuficiente, puesto que no cubriría la hipoteca de los que la están pagando y el resto no podrían acceder a otra casa en Tomares. Además, según sus asesores, la expropiación tendría difícil encaje legal y podría frustrarse en su tramitación, como ya ha ocurrido con las ayudas al alquiler que les prometieron y que, según han avanzado, van a intentar reclamar por vía judicial.

En este punto, los afectados insisten en que las labores de drenaje en el terreno, que se suponía que eran urgentes cuando se declaró el Plan Municipal de Emergencia en marzo de 2017, se inicien cuanto antes y el dinero ofrecido para expropiar, junto a los 400.000 euros de los Fondos Extraordinarios de Anticipos Reintegrables (FEAR) de la Diputación que se van a reservar para la ladera, se destinen a ello. Según se explicó, tras ese drenaje habría que "coser" la ladera con hormigón reforzado para garantizar su estabilidad.

En un comunicado, las familias recuerdan que en abril se cumplirán los dos años de los primeros desalojos sin que se vislumbre una solución cercana, mientras que las viviendas se siguen deteriorando y hay riesgo de vandalismo. A petición del Ayuntamiento, es ahora el Instituto Geológico Minero de España el que está haciendo mediciones, incluso vía satélite, según se les ha asegurado, aunque los afectados lamentan que no han tenido acceso a los datos concretos y desconocen si se ha producido algún nuevo movimiento, sobre todo a raíz de las últimas lluvias. En su nota, reclaman "transparencia al Consistorio" y aseguran que el "nerviosismo y la incertidumbre" son "notorios" no sólo entre los desalojados, sino entre el resto de vecinos de la urbanización.

En este sentido, recuerdan que el Ayuntamiento no ha contestado a las peticiones de información sobre este problema que ha hecho la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. Los problemas de deslizamiento afectan a 130 viviendas, dos carreteras y al polígono industrial de El Manchón junto al que se alza la ladera. En su día se aseguró que se necesitaban 5,7 millones de euros para corregir el problema.

En el entorno, hay un parque comercial, otras viviendas ubicadas en el Camino Viejo y vías de comunicación principales, como la carrretera Camas-La Pañoleta (avenida de Cala) y la carretera A-8082-R por las que transitan miles de personas y vehículos a diario.