Las denuncias e inspecciones de pozos se multiplican en Sevilla tras el 'caso Julen'
Varios ayuntamientos han anunciado batidas para localizar perforaciones en mal estado y evitar riesgos
La caída al pozo que, el 13 de enero, le costó la vida a Julen en Totalán ha aumentado el número denuncias ciudadanas y las inspecciones que los ayuntamientos sevillanos están haciendo para detectar las instalaciones de este tipo que están en malas condiciones y suponen un riesgo para personas y animales, incluso aunque tengan permisos.
Las advertencias se han recibido en muchos municipios. Por ejemplo, en Mairena del Aljarafe ha sido la asociación de vecinos Mairena Sur la que ha comunicado al Ayuntamiento y, a través de éste, a la Confederación Hidrográfica del Gudalquivir (CHG), el mal estado de varios pozos en el entorno del arroyo Porzuna, donde está previsto que se construya el futuro Parque Central. Según el Consistorio, ya se han tapado algunos, en coordinación con la CHG, y está previsto continuar en los próximos días, con la recuperación del cauce.
Como se aprecia en las imágenes que la asociación de vecinos ha difundido por redes sociales para advertir del peligro, se ven pozos de un diámetro considerable. En uno de los casos, está rodeado por mallas rotas o colocadas de forma precaria. Otro pozo está tapado sólo parcialmente con materiales obra, aunque en muy mal estado de conservación y derruidos en parte.
En Carmona, IU ha advertido de la existencia de varios pozos en el entorno del escarpe del Albollón a los que le falta la chapa de cierre, porque ha sido robada, o que están tapados apenas con palés, mallazo o palos, pero que pueden ser un peligro. Según Vicente García, edil de la formación, se trataría de pozos vinculados a la red de saneamiento, de propiedad municipal, pero cedidos al Consorcio del Huesna. Son unas cinco instalaciones, cuyo estado se le notificó por escrito al Consistorio el pasado 23 de enero pero que, según IU, siguen igual.
El Ayuntamiento de Carmona, por su parte, ha anunciado una “batida” para localizar éstos y otros pozos que carecen de medidas de seguridad necesarias para actuar, al margen de la vigilancia habitual y los expedientes sobre pozos ilegales. No obstante, con un término de casi mil kilómetros cuadrados, el control es complejo.
En La Campana, donde el Ayuntamiento cuenta con un servicio municipal de guardia rural, los agentes están inspeccionando durante estas semanas los más de 300 pozos que tienen localizados en todo el término municipal para ver su estado de conservación. Ya se han detectado varios en los el brocal es muy bajo, está sin tapa o se ha deteriorado con el paso de los años o las tareas agrícolas. Se está enviando un escrito a los propietarios para que lo arreglen, recordándoles la normativa.
Según los guardas, el deterioro tiene que ver menos con robos (la retirada de chapas requiere de herramientas que hacen mucho ruido en la noche y que, cuando se usan, van buscando las bombas más que la chatarra), que con descuidos o con el paso del tiempo. La misma preocupación y avisos están llegando a otros ayuntamientos, autoridades e, incluso, a los propios grupos ecologistas, después de que se haya tomado conciencia del riesgo que suponen.
La Ley de Aguas obliga al sellado si se dejan de usar
El artículo 53 de la Ley de Agua de Andalucía, que hace referencia a pozos abandonados, deja claro que los propietarios de las instalaciones de este tipo que estén en desuso están obligados también a su sellado, previa comunicación al organismo público competente en materia de agua. En el 98% del territorio de la provincia es la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir (CHG). Aunque en Sevilla hay una pequeña zona, en la Sierra Sur (Morón, Coripe, Pruna, El Coronil) y en la Sierra Norte (El Castillo de las Guardas y El Madroño) que afecta a cuencas exclusivas de Andalucía, en la que depende Medio Ambiente de la Junta. En el caso de terrenos públicos, el responsable será el titular del derecho privativo, es decir, el que use ese pozo.
En caso de incumplimiento, el organismo competente requerirá al propietario y, transcurrido un plazo, podrá ejecutar subsidiariamente el sellado, pasando las costas. No obstante, ello conlleva sanciones y el riesgo de caducidad de la concesión, según la ley.
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