El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía que intervenga ante las colas de madrugada en el consultorio de Gilena

"Nos ponemos en contacto con usted para adjuntarle lo que hemos podido conocer y que es una imagen del país más retrogrado que se pueda pensar".

Con estas palabras, la presidenta de la asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha pedido a la Fiscalía provincial de Sevilla que intervenga de manera "inmediata" ante la situación a la que se enfrentan los vecinos del municipio de Gilena para poder coger una cita con el médico debido a una escasez de profesionales, criticada por usuarios y sindicatos, y reconocida por la Administración andaluza.

Lo ha hecho adjuntando una información publicada por este periódico esta misma semana, a raíz de la publicación en redes sociales de un vídeo difundido por la delegación de la Marea Blanca de la localidad, y reclamando la apertura de una investigación, ante lo que considera "es una falta de respeto a las personas y una dejación de funciones e incumplimiento de un deber para los que pagan, y no para estar como indigentes pidiendo limosna".

"Nuestra solicitud la fundamentamos en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal. En este caso entendemos que se pone en riesgo por la actuación de la administración", recoge El Defensor del Paciente en el escrito a la Fiscalía.

No es la primera vez que la asociación encargada de velar por los derechos e intereses de los pacientes de la sanidad pública de este país solicita la intervención de las o los fiscales para tratar de resolver situaciones críticas, pero sí es la primera vez que lo hace para denunciar la situción que soportan los vecinos de los municipios de la Sierra Sur de Sevilla debido a las precarias plantillas médicas en la Atención Primaria.

"Nos acogemos también  para dicha petición al artículo 376 del Código penal expone: “El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario cualquier a, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años", señala, además, Flores.