El plan del control del cangrejo prevé capturas de 4.000 toneladas al año

marismas del guadalquivir

La cifra máxima autorizada es similar a las que se ya se producían en la zona, de la que no podrá salir el animal vivo

Un pescador muestra varios ejemplares de cangrejo rojo americano, en Isla Mayor.
Un pescador muestra varios ejemplares de cangrejo rojo americano, en Isla Mayor.
Trinidad Perdiguero

10 de agosto 2016 - 05:01

El Boletín Oficial de la Junta (BOJA) publicó ayer la orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sobre el Plan de Control del Cangrejo Rojo en las Marismas del Guadalquivir, que el consejero, José Fiscal, firmó el 3 de agosto. Ha sido la fórmula de urgencia con la que, después de años a la espera de regulación, la captura de esta especie estratégica para la economía de la zona se adapta a la normativa: la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, varios reglamentos europeos y la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que prohibía su comercio, junto al de otras especies exóticas invasoras, salvo "previa autorización administrativa" y sólo con fines de "control o erradicación", entre otros.

El plan de control "físico" por el que se apuesta permitirá que se sigan capturando entre 3.000 y 4.000 toneladas de cangrejo al año, cantidad similar a la que ya venían recogiendo de la zona las cinco empresas transformadoras de Isla Mayor. El ámbito de aplicación del plan incluye los términos municipales de Aznalcázar, Villamanrique, La Puebla del Río, Coria del Río, Los Palacios, Utrera y Las Cabezas de San Juan, además de los gaditanos de Trebujena y Sanlúcar de Barrameda, y Almonte e Hinojos, en Huelva, adaptándose a las respectivas regulaciones, en el caso se que se trate de parajes protegidos.

El reto es que la población de cangrejo se mantenga estabilizada. El plan deberá revisar sus objetivos cada cinco años, aunque tiene carácter indefinido. En el texto, se defiende que un plan de erradicación total "no es posible" a estas alturas: el cangrejo rojo americano no sólo está extendido por las más de 36.000 hectáreas que constituyen el arrozal de Sevilla (un ecosistema ya de por sí transformado por el cultivo) y donde la campaña de captura arrancará en unos días, sino en zonas limítrofes.

Hay estudios que concluyen que su desaparición, 40 años después de su introducción, tendría ya más perjuicios que beneficios desde el punto de vista ambiental y socioeconómico. El ecosistema se ha "autorregulado" y el procambarus clarkii (nombre científico) es ya un "importante recurso alimentario" para las especies predadoras, especialmente para la nutria, el morito, la cigüeña negra y la garcilla cangrejera, defiende. También se ha convertido en "un recurso socioeconómico muy importante desde su introducción", que genera unos 200.000 jornales y 400 empleos directos, principalmente en Isla Mayor. Si no se capturaran y se "eliminasen" esas más de 3.000 toneladas, "su reproducción" supondría un mayor impacto y mayores riesgos de expansión, se argumenta el documento.

El objetivo del plan es lograr ese equilibrio. Así y como se había avanzado, "en ningún caso" se podrán transportar ejemplares vivos fuera del ámbito que se regula, sólo hasta los "establecimientos autorizados" por la Junta, dentro de la misma zona, que lleven a cabo el "sacrificio y aprovechamiento del cangrejo". Ello implica que la imagen del cangrejo vivo en temporada en los lineales de algunas grandes superficies, que se estaba generalizando, ya no será posible. También se prohíbe devolverlos vivos a su ámbito. Sólo si hay una autorización expresa o forma parte de las mismas estrategias de control y con "precinto oficial de la autoridad de origen competente" podrán salir vivos del área.

Como se había avanzado, los pescadores, como las empresas, formarán parte de este plan de control que no requerirá así de una inversión por parte de la Administración, que en el documento sí se compromete a realizar 36 inspecciones al año, concentradas sobre todo en la época de mayor actividad. Los pescadores que ahora ejerzan como controladores de población, además de tener licencia de pesca continental, deben haber identificado las redes -nasa holandesa o nasa cangrejera-, contar con autorización expresa de la Junta y carecer de antecedentes por delitos ambientales o infracciones del mismo tipo. Las empresas deberán informar mensualmente y de forma telemática de los animales que llegan a sus instalaciones.

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