La cementera de Alcalá amaga con despidos si no logra la licencia de obra

El grupo Cementos Portland Valderrivas, que gestiona la cementera de Alcalá de Guadaira, ha salido al paso de las quejas de ecologistas y colectivos vecinales que denuncian el proyecto de valorización energética que la empresa quiere llevar a cabo en su factoría sevillana. Un procedimiento que este martes defendieron sus responsables y que consiste en sustituir el 30% del coque de petroleo, necesario para la producción de cemento, por combustibles alternativos a partir de residuos.

"No incineraremos nada", apuntan desde la entidad, que lamenta el desconocimiento a la hora de hablar del proceso "ya que a dos mil grados de temperatura no se dejarían restos". "Se trata de residuos no peligrosos, que no producen olores y que no se reutilizan, para aprovechar su poder calorífico", explican. Con 2,5 millones de euros, Portland confía en construir la instalación necesaria para almacenar y usar como combustible materiales que tras su reciclaje van a los vertederos. Un modelo que crearía 50 puestos de trabajo con las obras y beneficiaría, tras ello, a las plantas de tratamiento de la localidad que actualmente suministran sus restos a otras cementeras que sí valorizan.

Los responsables certifican que las emisiones de gases de efecto invernadero serán menores con el nuevo proceso "porque así lo exigen las directrices europeas". Junto a ello, se abaratarán los costes derivados de transportar el material actual. "Es de vital importancia para la competitividad de la fábrica para garantizar su viabilidad y salir al mercado internacional", indican. La valorización -que no incineración- funciona en Europa desde los años 80. En España, de las 33 cementeras en marcha, 29 ya hacen este proceso. La crisis ha hecho mella en un sector donde el consumo interno ha bajado un 85% y ha obligado a Portland a varios expedientes de regulación, a centrarse en la exportación y a afrontar un proceso que les pondría, afirman, en igualdad de condiciones para competir.

La fábrica, con 200 trabajadores y una producción de dos millones de toneladas de cemento, tiene el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente, que otorgó la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) al ajustarse a la legislación existente. Ahora esperan la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Pero el futuro se vislumbra complicado. Desde el grupo no descartan ninguna situación, incluida la posibilidad de recurrir a los despidos con tal de reducir costes, aunque se muestran optimistas tras el beneplácito de la Junta. Esta inquietud está en el sindicato mayoritario, USO. "Si no se valoriza y hay que traer el material de otras fábricas, con 20 empleados y 4 molinos, sobran los demás", apunta el portavoz del comité de empresa, Antonio López.

El debate es ahora político. El Consistorio alcalareño, gobernado en minoría por el PSOE, tiene convocado un Pleno para este jueves en el que pretende modificar el PGOU para prohibir instalaciones de este calibre a menos de 2 kilómetros de zonas urbanizadas "para evitar el posible riesgo para las personas". El no a la fábrica lo tienen en este caso IU, el PA y Alcalá Puede. Además, el día 10 expira la moratoria que el Ayuntamiento aprobó en junio de 2014 para impedir proyectos como este. La Federación de Industriales y Comerciante de Alcalá (FICA) lo apoyan. Los ecologistas, por su parte, mantienen su negativa por la emisiones tóxicas y la cercanía con el nucleo poblacional. De momento, ya han convocado para el 24 de octubre una manifestación en contra.