La causa penal contra Asfi llega a Entrenúcleos
dos Hermanas/La Policía Judicial de Navarra que está investigando al Grupo Asfi por haberse apropiado, supuestamente, de forma indebida del dinero de las comunidades de vecinos que gestionaba ha solicitado documentación sobre la promoción de vivienda protegida que la empresa iba a desarrollar en Dos Hermanas, en una parcela de Entrenúcleos incluida en el III Plan Municipal de VPO, ante las sospechas de que el dinero aportado por los 240 vecinos que quisieron comprar los pisos, la manzana BPO-6, hubiera tenido el mismo destino. Así lo ha adelantado Juan Carlos Velasco, el abogado de uno de los afectados, que en noviembre presentó la primera demanda civil por reclamación de cantidad en Dos Hermanas. Con posterioridad, y tras conocer que el administrador único de la empresa había sido detenido en Navarra, el resto de afectados se ha constituido en asociación y va a emprender acciones judiciales por la vía penal contra Asfi, en las que van a considerar responsable subsidiario al Ayuntamiento, que promocionó la BPO-6, que se levanta sobre un suelo municipal vendido por un precio simbólico y que ha ido pidiendo confianza a los afectados, pese a las demoras y los "engaños" de Asfil.
Según Velasco, al que se ha dirigido la Policía Judicial, ésta tiene la documentación que le ha requerido al letrado desde ayer, para que el titular del juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona analice si las operaciones del grupo en Dos Hermanas, a través de la sociedad Residencial Entrenúcleos, tienen "conexión" con los delitos que se han cometido, presuntamente, en Navarra y que habrían supuesto la desviación de al menos dos millones de euros de comunidades de vecinos.
El abogado asegura que Asfi no dispone de dinero en sus cuentas y confirmó que su cliente se va a personar por la vía penal en el caso de Navarra, por el que el administrador único sigue en prisión preventiva. Su cliente, que vive de alquiler con su pareja, ha aportado hasta 9.000 euros, 3.000 por la señal, 3.000 cuando firmó el contrató y el resto en cuotas de 250 euros que dejó de pagar al ver que las obras no arrancaban. Otros compradores han llegado a aportar hasta 18.000 euros. El Ayuntamiento ha venido defendiendo que su prioridad es que los vecinos cobren y que llegará hasta el final para lograrlo, pagando directamente de sus fondos si es necesario e iniciando después acciones contra la promotora.