Los otros 'indepes'

El Palmar de Troya, hasta ahora entidad local autónoma de Utrera, ha sido el último Ayuntamiento en ser reconocido como tal por la Junta y que hace el número 106 de Sevilla. Pero no es el único creado en la reciente etapa democrática, tras un largo periodo en el que el cupo de alcaldes en la provincia se mantuvo en 102. Le precedieron Cañada Rosal (en 1986, con casi 3.000 vecinos se segregó de La Luisiana), El Cuervo (que con más de 7.700 fue de Lebrija hasta 1992) e Isla Mayor (ayuntamiento desde 1994, con más de 6.000 habitantes, cuando se segregó de La Puebla del Río). El Palmar no llega a 2.500 vecinos y es el más pequeño de todos ellos.

En estos precedentes, el movimiento por la segregación se impulsó con la efervescencia social y política de la Transición y con concejales elegidos por esos pueblos a partir de 1979. En El Cuervo e Isla Mayor (entonces aún Villafranco del Guadalquivir) tardó más, por la oposición de Lebrija y La Puebla, con influyentes alcaldes socialistas, que se resistían a perder a casi el 43% y el 24% de su población, respectivamente, con la consiguiente financiación. Costó encierros (como los que hicieron en la Catedral o en Doñana vecinos de Isla Mayor), cortes de carretera (en la N-IV, por El Cuervo) y protestas.

Pero los protagonistas de aquellos años e historiadores locales consultados coinciden en que, pese a la opinión de que hay que reducir el gasto en la administración y los ayuntamientos, la “emancipación administrativa” fue en estos casos una evolución “natural”, en poblaciones con miles de vecinos (lejos de la idea de aldea más frecuente), de historia reciente y distanciadas del municipio matriz. Los recorridos van de los 9 kilómetros de El Cuervo a los 22 de Isla Mayor, que se multiplicaban con las carreteras y transportes de aquellos años. El Palmar está a 14 kilómetros de Utrera, aunque los tiempos y las comunicaciones son otros.

Cañada Rosal es una de las Nuevas Poblaciones que fundó Carlos III en 1786; El Cuervo creció a finales del XIX con el marco vinícola de Jerez; y Villafranco, en la Guerra Civil, cuando la producción arrocera quedó en zona republicana y se habilitó la marisma sevillana para abastecer a la nacional. En los años 30 surgió también El Palmar, con familias de presos forzados a trabajar en el Pantano del Águila. Lo ocurrido revela la importancia de la planificación del territorio, ya que incluso después han surgido más asentamientos e intentos de parcelaciones por constituirse en entidades autónomas.

En los tres casos los deseos de autogestión no fueron una cuestión identitaria. Se debieron a la sensación de dejadez por parte del ayuntamiento que debía darles servicios de los que carecían o que eran menos de los que les correspondían, en unos años en los que todo estaba por hacer en el mundo rural.

Los testimonios son relevantes. José Manuel Aviño, ex alcalde de Isla Mayor y testigo del proceso, recuerda el malestar de los isleños al llegar con zapatos embarrados en sus calles a La Puebla y ver las obras del nuevo Ayuntamiento. Antonio Amarillo, profesor de Historia y autor de un libro sobre la independencia de El Cuervo, rememora la envidia de los niños de su generación por las instalaciones deportivas y aporta un recorte de periódico más antiguo, de 1933. “La triste condición de los vecinos El Cuervo”, dice el titular, que sigue: “En la aldea hay hombres con veinte años que no han visto una bombilla eléctrica”, y no tiene “ni médico, ni botica, ni matrona, ni cementerio”, los fallecidos eran transportados en carros a Lebrija.

En Cañada Rosal, el nacimiento de varias generaciones de niños se inscribió con meses de retraso o cuando el padre podía coger una bicicleta hasta La Luisiana. “La dependencia de La Luisiana nos cuesta más dinero que la independencia (...); teniendo Ayuntamiento tendremos Cámara Agraria, Polideportivo, Casa de la Cultura, Piscina (...) y tendremos más dinero a través del PER”, defendía la Mesa Pro-Ayuntamiento, en un manifiesto que aporta el cronista local José Antonio Fílter.

Los procesos de segregación fueron distintos y más corto y pacífico en Cañada Rosal. Antonio Delis, concejal antes de la segregación y alcalde después, explica que, dado que pedanía y municipio eran casi iguales, ya se presentaban listas al Ayuntamiento matriz en las que se alternaban vecinos de ambos. En 1982, el Pleno respaldó por unanimidad iniciar la segregación.

Un grupo viajó en el coche de Delis a El Ejido, recién segregado de Dalías, y estuvo dos días fotocopiando ese expediente. No hubo discusión por la división de término: Cañada quedó 25,28 kilómetros cuadrados, La Luisiana y El Campillo, con 42,27.

Delis rememora cómo abordó en un pasillo al consejero de Gobernación Enrique Lindes para explicarle lo que pretendían y éste le contestó: “Me he sentando aquí pensando cómo te iba a decir que no, pero estoy pensando cómo os voy a decir que sí”.

Los 10 kilómetros a La Luisiana quedaron fijados como la distancia mínima para admitir otros procesos de segregación. Fílter aporta fotos de las calles engalanadas, el 13 de septiembre de 1986, el de la fiesta por la segregación, firmada un 27 de agosto y anunciada con cohetes y volteo de campanas. Delis señala que Cañada es el municipio más pequeño de Sevilla con instituto y se han multiplicado los equipamientos, aunque también en el resto de la provincia. Los gastos en personal del Ayuntamiento en 2017 fueron de 887.322 euros. Son servicios necesarios y exigibles en cualquier caso, matiza.

En Villafranco hay intentos de segregación desde su origen. Los planteó ya el impulsor del asentamiento, Rafael Beca Mateo, que murió al poco de presentar el expediente. Más tarde lo hizo otro grupo, liderado por una maestra;y también dos vecinos de origen valenciano, Antonio Moscad y Ramón Martí, que contactaron con el abogado especialista José Antonio Gallego. José Manuel Aviño, que fue concejal en La Puebla y luego alcalde de Villafranco, recuerda que fue a principios de los 80 cuando se constituyó una comisión y se creó la Agrupación Electoral Pro Segregación de la Isla Mayor del Guadalquivir (Aepimg), con militantes y ediles de todos los partidos y un importante respaldo social. “Se disparaba un cohete y acudía todo el pueblo” para secundar la acción que se decidiera.

La tensión alcanzó su cénit el día que debía constituirse el pleno en La Pueblatras las elecciones de 1987: de 17 ediles, nueve eran de la Isla (seis de Aepimg, dos del PSOE) y podrían haber determinado la Alcaldía. El pleno se suspendió y el autobús con los ediles isleños fue apedreado. La sesión se celebró días después, en la Diputación. Los ediles isleños del PSOE no asistieron. Fue la Diputación la que aprobó el expediente, no el Ayuntamiento de La Puebla. De un “término natural” de más de 20.000 hectáreas que se pedía, la segregación se produce en 1994 con 11.000.

Isla Mayor ha sido después uno de los ayuntamientos con problemas por deudas, pero Aviño lo achaca a las carencias que hubo que afrontar, sobre todo por la precariedad de las viviendas. Sus circunstancias y la de los pueblos que se han segregado en Sevilla no son comparables, en su opinión, con otros que no llegan a cien vecinos. Los gastos en personal son hoy de 2,3 millones de euros. Ingresos por impuestos y tasas no llegan a dos.

También costó la segregación en El Cuervo, que varias veces intentó desactivar el entonces alcalde de Lebrija Antonio Torres. El historiador Antonio Amarillo señala que el sentimiento de “marginación” se fraguó durante muchos años y se canalizó en los 80, con la movilización de asociaciones y jóvenes que entraron en los partidos políticos.

El alcalde lebrijano llegó a apartar a dos ediles de El Cuervo de su gobierno, que quedaron como no adscritos, ante la posibilidad de que se implicaran en una moción de censura con otros dos que sacó el Grupo Independiente de Cuerveños Unidos (CICU), que se constituyó para impulsar la segregación. Uno de ellos, Antonio Amuedo, sería luego primer alcalde de El Cuervo.

Lebrija llegó a presentar un expediente de segregación, con 1.600 hectáreas, consciente de que no iba a lograr la mayoría cualificada en el Pleno, como ocurrió. La iniciativa pasó a la coordinadora vecinal, que presentó otro en el que pedía de 19.000 hectáreas, teniendo en cuenta la riqueza del suelo. en 1992, El Cuervo acogió incluso el IV Congreso de Pueblos Andaluces por la Autonomía, en el 90. Finalmente, Lebrija se agarró a un informe no vinculante de la Junta que proponía 3.100 hectáreas para la segregación. Es lo que aparece en el decreto aprobado por la Junta el 6 de octubre de 1992.

Para este historiador, esa escasez de término fue el fracaso del proceso, que se llevó a los tribunales, y que limita hoy el crecimiento y la posible proyección empresarial de El Cuervo, limitado al Sur por Jerez, en cuyo término tiene dos calles. En el reparto con Lebrija, también obtuvo deudas. Para Amarillo, la segregación fue positiva en lo material, pero en lo social no ha cuajado la concepción como municipio con identidad propia.