El alcalde intenta de nuevo salvar la escuela de hostelería con el PGOU

El alcalde de Castilleja de Guzmán, Carmelo Ceba (PSOE), intentará salvar in extremis la escuela de hostelería que está del todo construida, con una inversión que ronda los tres millones, a pesar de que el Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia del TSJA, de 2012, que ordena su demolición por haberse levantado, inicialmente, sobre un área de espacios libres. Así lo ha adelantado el regidor a través de su perfil de Facebook y en el que ha precisado que el instrumento que baraja es el PGOU, que está en una última fase de tramitación y en el que se ha incluido la "motivación excepcional, la acreditación y justificación necesaria que requería la sentencia del TSJA para que la actuación fuera conforme a Derecho", dice.

El edil afirma que pedirá el apoyo de todos los concejales del Ayuntamiento y de los vecinos para salvar el centro, que ya se intentó legalizar en 2009 con una modificación de las normas urbanísticas, que el Supremo ha rechazado. Ya con la obra en marcha, la parcela fue declarada de Suelo de Interés Público y Social (SIPS), aunque el Tribunal insiste en que no sirve porque "no obedeció a la búsqueda y satisfacción de intereses generales sino a enmendar una actuación de ilegalidad provocada por el propio Ayuntamiento".

En aquella modificación, el alcalde, que ahora tiene una mayoría precaria en el Ayuntamiento, sólo logró el respaldo de los ediles de su grupo. El PP no asistió e IU votó en contra y ahora ha anunciado que, como también hizo con la aprobación inicial del PGOU, votará que no.

Por su parte, consultados por este diario, los vecinos de la urbanización El Mirador de Sevilla, que denunciaron un caso que es muy similar al de la Biblioteca que la Universidad de Sevilla quiso construir en los jardines del Prado, aseguran que no han reunido para analizar el fallo, pero que no permitirán que se intente legalizar la obra y no descantan denunciar, en ese caso por lo penal, a quien apoye la decisión.

Sobre los costes que pueda suponer la demolición, quién los asume y qué pasa con las subvenciones que están invertidas en el proyecto si al final queda reducido a escombros, nada está claro. Fuentes de la Mancomunidad de Servicios del Aljarafe, que gestionó las obras con una encomienda del Consistorio (pidió las subvenciones, licitó las obras y las justificó) insiste en que se actuó con una licencia municipal que creían conforme a derecho. No le constan cláusulas como la que, en el caso de la Hispalense, obligó a ésta a pagar el derribo de la biblioteca. Si hay alguien que debe asumir ese coste es el Ayuntamiento, apuntaron las fuentes. Y si hay que devolver las subvenciones que se han invertido en el centro y se le reclaman a la Mancomunidad, apuntan que presentarán una reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento o quien se determine, porque la mancomunidad está en mitad de una situación que no ha creado, insistieron las fuentes.

El centro fue promovido e iba a ser gestionado por un consorcio en el que participa la Mancomunidad, el Ayuntamiento y la Junta que ha sido la que, en última instancia, recurrió el fallo del TSJA ante Tribunal Supremo que, por ahora, ya le ha asignado el pago de 3.000 euros en costas.

El grupo municipal de IU en Castilleja de Guzmán, que recordó ayer que no es la primera vez que las prisas y los errores en la tramitación de proyectos terminan costando dinero al Ayuntamiento -recordaron los problemas con Aroa o las deudas con Egmasa-, ha anunciado que si vuelve a ocurrir estudiarán si reclaman responsabilidades patrimoniales al alcalde. El Ayuntamiento lleva cuatro años con un presupuesto prorrogado, en uno de los municipios más pequeños del Aljarafe, con 3.000 vecinos y sin forma de conseguir ingresos adicionales.