Ybarra ganará metros cuadrados y edificabilidad en el Polígono Aceitunero
El Pleno aprueba el convenio para permutar los suelos afectados por el incendio, que pasarán a ser municipales. La empresa trasladará la fábrica pero no las oficinas, que se salvaron del fuego.
"Desde hoy no hay obstáculo para que Ybarra levante su nueva fábrica", "podemos dar licencia en 24 horas si el proyecto que se presenta se ajusta a la legalidad". Con estas palabras, el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, quiso despejar ayer cualquier duda sobre la permanencia de la factoría destruida en un incendio el pasado 16 de julio, una vez que el Pleno dio el visto bueno al convenio que se firmará en unos días con la empresa para que la "reconstrucción" se haga en otro emplazamiento. Se trata de dos parcelas municipales en el Polígono Aceitunero, al pie de la N-IV, en la zona sur, que suman 98.938 metros cuadrados, valoradas por los técnicos en más de 7,9 millones de euros. La edificabilidad es de 74.202, bastante más que los 43.000 que Ybarra tiene en la carretera de Isla Menor, casi colmatada.
Como recordó Toscano, permitirán hacer una fábrica mayor, sin presentar un nuevo plan parcial y un proyecto de urbanización, que hubieran dilatado los plazos, con la posibilidad de toparse con alegaciones o recursos judiciales, porque la zona está ya rodeada de casas. En los dos PGOU que se han hecho, se respetó la ubicación, como la de otras grandes fábricas. Pero la normativa posterior hubiera complicado su reconstrucción, pese a la voluntad de Ybarra de seguir. El nuevo emplazamiento, insistió, es más adecuado desde la perspectiva de la ordenación del territorio.
La empresa sí conservará los 17.724 metros donde están las oficinas y los laboratorios, que no se vieron afectados por el fuego, y cederá al Consistorio los 59.965 restantes. Éstos han sido valorados en más de 8,7 millones. Esa diferencia, junto a otras -como los sobrecostes para Ybarra por tener que construir instalaciones que podría haber reutilizado, como la depurada; o lo que costará al Ayuntamiento terminar de urbanizar la nueva zona- se han compensado, para que no haya transacción monetaria. El acuerdo sí contempla que Ybarra abone a Endesa la ampliación de la subestación eléctrica Valme, por 161.000 euros y en dos meses inicie los trámites para preparar las parcelas. El remate de las obras de urbanización se podrá simultanear con las de edificación.
Si se resuelven rápido la financiación y las negociaciones con las compañías de seguros y no hay problemas con la edificación, Toscano estima que la factoría podría estar en la "mitad de tiempo" que la de Campofrío, que ardió en noviembre de 2014 en Burgos, y que ya cuenta con autorización ambiental. Las prioridades han sido la "seguridad jurídica y la agilidad" y que la fábrica se mantuviera en Dos Hermanas, donde reside el 80% de los 200 trabajadores, la mayoría, afectados por un ERTE. En cuanto al destino de los nuevos suelos municipales, será "el que en su día quiera hacer el Ayuntamiento, con el pacto de la ciudadanía". En el convenio, Ybarra "renuncia" a cualquier plusvalía por su valor, salvo los que siguen siendo suyos.
Durante el debate del convenio, el único grupo crítico fue Sí se puede Dos Hermanas (SSP). Tres de sus cuatro ediles se abstuvieron en la votación, que sí respaldaron la que fuera su candidata a la Alcaldía, Estrella Guzmán, y el resto de grupos (PP, C's, IU, PSOE y la no adscrita Cristina Alonso). La edil de SSP Rita Jiménez censuró que el gobierno pretenda "beneficiarse políticamente". "¿Por qué tanta prisa?", preguntó, para atribuirla al intento del alcalde por llenar "proyectos megalómanos", como este Polígono Aceitunero. "Queremos un buen uso del suelo, pero no a cualquier precio" y consideró que el municipio "regala" mejores suelos que los que recibe. También subrayó que nada aparece en el convenio sobre los trabajadores o los plazos de construcción.
El alcalde recordó que ese patrimonio se ha obtenido sin costes para el Ayuntamiento de cesiones urbanísticas, que el tenerlo urbanizado es lo que permite afianzar proyectos así. Otras ciudades del entorno y donde Ybarra tiene factorías se han ofrecido y la empresa necesita recuperar cuanto antes su producción y no perder cuota mercado. También lamentó las dudas que sobrevuelan siempre en cuestione urbanísticas, pese a que se actúe de "buena fe". Por eso la recalificación se descartó del todo.
La plantilla pide ahora celeridad
Los trabajadores de la fábrica de Ybarra en Dos Hermanas valoraron este viernes el acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa para la permuta de los terrenos para la nueva factoría e instaron a las administraciones públicas a tratar con agilidad lo relativo a los permisos y autorizaciones para la misma. En declaraciones a Europa Press, el secretario general de Fitag-UGT-Sevilla, José Berjano, se congratuló del acuerdo y valoró que "todo el mundo vea bien la nueva ubicación". No obstante, pidió a las administraciones que apoyen a la hora de conceder permisos y autorizaciones para la construcción de la nueva fábrica. Según informó ayer el portavoz del gobierno municipal, Agustín Morón, el alcalde, Francisco Toscano, tiene previsto reunirse el martes con el comité de empresa. El convenio, que por su importancia ha tenido que pasar por pleno, debe ser aprobado también el viernes por la junta de gobierno local. A partir de ahí se podrá firmar con la empresa.
Alusiones al caso de los ERE
Además del convenio de Ybarra, en el Pleno se trataron otros asuntos. Uno de los momentos más tensos se produjeron durante el debate de una moción de SSP sobre fondos que la Junta adeuda a los municipios. El edil Luca García sacó a colación la "corrupción política"y la situación judicial de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y provocó una airada respuesta de Toscano, que defendió su "honorabilidad" y la de "la mayoría de los compañeros" sobre los que, recordó, "no hay sentencias firmes". Se aprobó además el plan económico-financiero que, pese a la situación saneada del Consistorio, se deberá aplicar por no cumplir con el techo de gasto, el límite porcentual que pone el Estado para aumentar el presupuesto aunque haya fondos, y que obligará a hacer algunos recortes en inversiones.
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