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Caso ere
Sevilla/La Guardia Civil vuelve a apuntar al ex consejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera y al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero como los "máximos" responsables de la "concentración" de las ayudas en la Sierra Norte de Sevilla, según asevera en el atestado que han elevado a la juez Mercedes Alaya con motivo de la segunda fase de la operación Heracles vinculada al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.
En dicho atestado, los investigadores del Instituto Armado señalan que el estudio "profundo" de las ayudas a empresa que se concedieron a entidades vinculadas "preferentemente" con la Sierra Norte "ha permitido discernir" que "desde la Dirección General de Trabajo (Consejería de Empleo)" se otorgaron entre 2001 y 2010 subvenciones excepcionales por valor de 82 millones, de los que hasta 52 "fueron a parar a sociedades vinculadas" con esta comarca sevillana. A juicio del Instituto Armado, "este desequilibrio, donde se favoreció un determinado territorio, por sí solo ya es una trascendente irregularidad", criticando que la Consejería de Empleo "debería haber cumplido con la asignación equitativa de los recursos públicos y haber vigilado el cumplimiento de los principios de objetividad, eficacia, satisfacción de los intereses generales y, por supuesto, que estas ayudas se hubiesen empleado en la creación y mantenimiento del empleo".
"A juicio policial, y a la vista de todas las irregularidades" cometidas en la tramitación administrativa de las ayudas, "se puede concluir que la tramitación" de las mismas "se llevó de forma opaca con el propósito de favorecer a estas sociedades y así evitar la transparencia, la justicia de los procesos de adjudicación y la fiscalidad".
Los agentes ponen de manifiesto que "el devenir de la propia investigación ha posibilitado vislumbrar los verdaderos motivos por los que determinadas personas, con responsabilidad pública, habrían propiciado la evasión de fondos públicos a favor de determinadas zonas geográficas -Sierra Norte- y empresas que, a su vez, estaban relacionadas con los mismos responsables de la gestión, tramitación y control de estas ayudas".
Según dice la Guardia Civil, "las relaciones que subyacen entre los beneficiarios de las ayudas y los responsables públicos, de ámbito personal y/o político, y que han sido estables y continuas en el tiempo, ha sido un factor determinante para que se haya originado la defraudación masiva de fondos públicos".
"Las innumerables arbitrariedades cometidas con estas ayudas, y prolongadas a lo largo de casi una década, ha desvelado, notablemente, a las personas con responsabilidad pública que propiciaron y/o cometieron los hechos ilícitos investigados", señalan los investigadores, que nombran de este modo a Francisco Javier Guerrero -dos veces encarcelado por el caso ERE y actualmente en libertad- y otras personas que, "abusando de su situación, dispusieron de los fondos públicos a través de estas ayudas a empresas".
La Benemérita hace alusión a las relaciones entre Guerrero y "una parte importante de los beneficiarios de las ayudas de la Sierra Norte, los cuales se han aprovechado de las relaciones que mantenían con éste, y el acceso que tenían al mismo, aprovechándolo para obtener cuantiosas ayudas públicas de forma injusta".
De este modo, y en relación al "desequilibrio" en la concesión de ayudas, en donde "fue favorecida" la Sierra Norte "en perjuicio del resto de Andalucía", la Guardia Civil concluye que "los máximos responsables de la concentración de las ayudas en Sierra Norte" serían Guerrero y Viera, punto en el que cita igualmente a uno de los diez detenidos en la segunda fase de Heracles, como es el exgerente del IFA en Sevilla y ex director del área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla Enrique Rodríguez Contreras.
A su juicio, éste último "jugó un papel esencial para que determinadas ayudas se llevaran a cabo y, por consiguiente, que los fondos públicos se desembolsaran", pues "las averiguaciones practicadas infieren en el conocimiento de éste de las ayudas en la Sierra Norte de Sevilla, incluso de las importantes cantidades que se concedieron al tándem" formado por José Enrique Rosendo --hijo del exalcalde de El Pedroso-- y José María Sayago, que a través de distintas sociedades recibieron 32 millones en ayudas.
Los agentes destacan, en este punto, que el ex alto cargo de la Diputación de Sevilla es "una persona muy vinculada y de la absoluta confianza" de Viera, quien, subraya, "pudo haber jugado un papel esencial en la concesión de determinadas ayudas, en las que además Enrique Rodríguez tuvo una significativa intervención".
El ex alto cargo de Diputación "era conocedor del sistema opaco utilizado para conceder subvenciones, que propició la concesión de diferentes ayudas mediante un sistema irregular, pudiendo haber dinamizado algunas de ellas a petición del que fuera su consejero, Viera, actuando como catalizador entre los distintos actuantes en el proceso".
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