La ventana
Luis Carlos Peris
Perdidos por la ruta de los belenes
Caso Aznalcóllar
Ninguna "influencia" se ha detectado en el concurso tras rastrear 124.012 correos electrónicos de tres altos cargos y doce funcionarios de la Consejería de Empleo relacionados con la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. A esta conclusión llega un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) presentado en el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que investiga la denuncia de Emerita por las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso a Grupo México-Minorbis.
Los agentes de la Guardia Civil concluyen que "no se han detectado ninguna comunicación o documento que permita inferir la existencia de influencias sobre los miembros del comité técnico o de la mesa de contratación del concurso para favorecer a una u otra empresa licitante".
La UCO advierte, no obstante, de unas "limitaciones" en el estudio de los 124.012 correos de 18 cuentas corporativas, dada la "inexistencia de los mismos en ciertos periodos clave que afectan a la investigación". Dicen los agentes que el análisis de los datos contenidos en dichas cuentas ha tenido una serie de "limitaciones" que dificultaron su análisis, dado que "se localizaron una serie de periodos temporales, incluso superiores a un año, en los que no existían correos electrónicos, circunstancia que ha mermado la cantidad de información obtenida fruto del análisis realizado, lo que condiciona las conclusión del mismo", insisten.
Los correos se obtuvieron de cintas magnéticas de seguridad en las que, año tras año, se almacenaba la copia de seguridad de cada una de las cuenta, lo que hace que, en caso de que se "quisiera borrar la información fuera necesario acudir a cada una de las cintas y seguidamente a cada cuenta para borrar los correos referidos". Por ello, la explicación técnica "más factible a la falta de correos electrónicos en determinado lapsos temporales", prosigue la Guardia Civil, sería que durante ese tiempo la configuración de las cuentas de correo se hubiera realizado mediante acceso POP, lo que podría "provocar que los datos se almacenasen en local en los ordenadores utilizados por los usuarios para gestionar el correo, y no en lo servidores de donde se extrajeron los mismos". De ahí que una parte de los mails "no se pudieran obtener dado que no se encontrarían en el servidor" y además es el usuario el que tendría que elegir qué carpetas quiere que se guarden "sólo en local o también en el servidor".
Además de no encontrar ninguna interferencia en las cuenta de correo, el informe de la UCO, de 79 folios, señala que la financiación necesaria para la presentación al concurso fue aportada por el grupo Magtel, a través de las empresas Inversión y Gestión Corporativa, Ecogrupo de Gestión Avanzada y Abaden Gestión, quienes de una cuenta de Minorbis hicieron frente a los 1.045.111,98 euros que gastaron en proveedores para la confección del proyecto a presentar en el concurso.
Dicen los agentes que Minorbis obtuvo entre el 2 de abril de 2015 y el 3 de enero de 2017 unas devoluciones de la AEAT por importe de 257.248,30 euros que "no fueron contempladas" en la compensación recibida por parte de AMC Mining.
La Guardia Civil señala que tanto los responsables de Magtel como de Emerita, la empresa perdedora, mantuvieron contactos con el entonces secretario general de Economía y Empleo de la Junta Vicente Fernández.
La UCO explica que tras recibir el encargo de la juez para que elaborara un informe sobre "el papel real desempeñado por Minorbis y las circunstancias reales relacionadas con la factura de honorarios y sus recursos personales, económicos y materiales, para desarrollar o asumir una labor que justifique dicha remuneración", trazaron dos líneas de investigación, una de ellas el análisis de las comunicaciones electrónicas mantenidas entre los altos cargos que intervinieron en el proceso de adjudicación, y en segundo lugar se realizó un estudio sobre la capacidades financieras y de los recursos que disponía Minorbis.
Con respecto a esta segunda línea del estudio, el atestado señala que Minorbis nunca ha tenido ningún empleado dado de alta en la Seguridad Social ni dispone de propiedades tituladas por la sociedad, figurando como su sede social la misma que las que figuran las empresas del grupo Magtel. "Minorbis carece de empleados, si bien se apoya en personal del grupo Magtel y en la contratación de empresas externas especialistas en los sectores de ingeniería de minas, la comunicación y otros necesarios para la confección del proyecto".
Además, los encargos a los diferentes proveedores eran hechos por personal del grupo Magtel, "si bien quedaba implícito que actuaban en representación de un consorcio formado por Magtel-Grupo México". Así, la participación de Grupo México, según el atestado, "comprendió el apoyo de los técnicos de dicha sociedad a los proveedores de Minorbis en la confección del proyecto, limitándose el papel de Minorbis a mantener los contactos con la dirección general de Minas y a entablar las relaciones con empresas externas que confeccionaron el proyecto".
El atestado de la Guardia Civil que ha analizado esos 124.012 correos electrónicos de los altos cargos de la Consejería de Empleo también analiza la supuesta llamada del entonces secretario general de Empleo Vicente Fernández para interesarse por una reunión que habían mantenido los responsables de Magtel y Emerita. El informe policial explica que la compañía telefónica ha puesto de manifiesto que no era posible aportar los datos de las llamadas recibidas entre los días 10 y 12 de abril de 2014 en el teléfono del responsable de Emerita, Joaquín Merino, porque había pasado más de un año y, por tanto, excede del "tiempo máximo que guardan ese tipo de información, por lo que no fue posible corroborar la existencia de llamadas de ese día", precisan los investigadores de la UCO. Los agentes recuerdan que siendo inminente la finalización del plazo de presentación de candidaturas para el concurso público se produjo el "supuesto contacto entre Mario López Magdaleno [responsable de Magtel] y Joaquín Merino, como responsable de Emerita". Esa llamada, según la denuncia de Merino, tuvo lugar el 11 de abril y en la misma supuestamente Mario López Magdaleno le dijo que "en cinco minutos iba a recibir una llamada de alguien de la Consejería" y en unos minutos recibió una llamada de Vicente Fernández. La UCO constata que los responsables de las dos empresas mantuvieron distintos contactos con responsables de la Administración andaluza antes de que se adjudicara el concurso. El atestado señala que la relación entre los hermanos Juan Luis y Mario López Magdaleno resulta "especialmente fluida", pero señala que de igual modo Emerita ha tenido relación con la dirección general de Minas y recuerda un viaje a principios de marzo de 2014 a la convención y feria minera celebrada en Toronto (Canadá), donde altos cargos coincidieron con Joaquín Merino.
Temas relacionados
También te puede interesar
Lo último
No hay comentarios