Tratamiento familiar de mesa camilla

Cuando al psicólogo José María Martínez, al educador Eduardo Rodríguez y a la trabajadora social Maite Díaz se les pide un ejemplo de los casos que abordan a diario con el equipo de tratamiento familiar que conforman -uno de los seis adscritos a la Diputación- les resulta difícil. Desde hace seis años trabajan con una veintena de expedientes de forma simultánea y un modelo que, lejos del concepto de asistencia desde el despacho, se basa en la atención especializada e individualizada de proximidad, en cada hogar, a veces en la "mesa camilla". Sólo se busca un espacio neutral cuando hay que comunicar decisiones importantes o desarrollar terapias. El objetivo del grupo es evitar que una situación de riesgo "moderado" detectada y que puede corregirse en una familia derive hacia la drástica salida de la retirada de los hijos.

Pero los tres coinciden en que, con diferencias entre zonas rurales y urbanas, van en aumento las separaciones conflictivas de parejas que no son conscientes del maltrato emocional que supone utilizar a los hijos como arma. Sin decir el pueblo -su base de operaciones es la pedanía guillenera de Torre de la Reina, pero cubren 13 municipios del Corredor de la Plata, la Sierra Norte y la Vega-, recuerdan el caso reciente de una familia separada, con cuatro hijos de distinta edad, que se alinearon en dos bandos, con un grave conflicto de lealtades.

Lo primero fue concienciar a los padres del grave daño que estaban causando a los hijos. Los equipos trabajan dos tardes en semana para poderse ver con la familia al completo, sin colegios, ni jornada laboral que lo impidan. Se siguió con sesiones en las que se reunió a cada progenitor por separado, a cada hijo con ellos, a los hermanos entre sí. Se abrió -dice José María, el psicólogo- "una brecha", logrando pequeños compromisos por escrito y paliando el conflicto por la parte más débil: los niños. Se lograron reducir las denuncias en el juzgado, a las que los padres acudían sistemáticamente, y los niños comenzaron a visitar libremente al otro progenitor. Cuando el problema se encauza, el seguimiento se hace ya desde los Servicios Sociales Comunitarios.

El Programa de Tratamiento Familiar se puso en marcha en el año 2004, con la financiación y las directrices de la Junta. En estos años se ha consolidado. El objetivo era dar un paso más en una asistencia social concebida hasta entonces sobre todo como prestación de recursos. En consonancia con el tradicional compromiso de la Diputación con la infancia y la familia, el organismo asumió la gestión de los equipos para los 96 municipios que tienen menos de 20.000 habitantes. Los mayores tienen su propio equipo, compuesto por tres profesionales como José María, Maite y Eduardo. En 2009, se ha creado otro grupo comarcal, con sede en Umbrete para reforzar la zona del Aljarafe y paliar la sobrecarga, que según Carmen Dastis, coordinadora del programa en la Diputación, aún es importante. Harían falta más medios para evitar la dispersión y los grandes desplazamientos. El día de la entrevista, por ejemplo, el educador se había pasado antes por La Algaba, para reunirse con el orientador de un IES, al día siguiente tenía una cita en El Castillo de las Guardas, el anterior pasó por Villaverde. La práctica totalidad de los equipos -los hay también con sede en Castilleja de la Cuesta, El Pedroso, Marchena y Osuna- están al límite y ha llegado a haber lista de espera, pese a que los tiempos con menores son determinantes.

Dastis, que insiste en el trabajo se hace en permanente coordinación con la Junta, recuerda que los casos que abordan no siempre tienen que ver con una situación de extrema pobreza. Al contrario, se deben sobre todo a negligencias en el cuidado y en la educación, el abandono físico o cognitivo que conforman un tipo de maltrato psicológico y emocional del que no siempre las familias y el entorno de los niños son conscientes. Lo que se intenta es corregir esas conductas, cambiar el modelo de relaciones. Dastis apunta otros ejemplos, como el de un adolescente enganchado a internet que se negaba a salir de la habitación, a asearse y que se volvió agresivo con su madre -buena parte de los casos se dan en familias monoparentales-, que sirvió incluso para proponer a la Red Provincial de Drogodependencias la necesidad de abrir una línea de tratamiento; el de una mujer, con capacidades intelectuales limitadas y sobreprotegida mientras vivió su padre, que se vio desbordada por el trabajo de tener una familia propia con tres hijas pequeñas, abandonando el cuidado, el aseo y el mantenimiento del hogar, mientras que el marido se refugiaba en bares y tragaperras; o los de progenitores que tienen problemas con el alcohol y las drogas, lo que, según los profesionales eleva el riesgo. Son los casos que, con frecuencia, suelen acabar con alguna medida de protección.

Sólo en 2008, los equipos de la Diputación atendieron a 202 familias, con 481 menores. Hay varios picos de edad en los que los que el riesgo se dispara: de los 4 a los 6 años, de los 10 a los 12 y, ya en la adolescencia, de los 16 a los 18. Sólo en 12 casos fue necesario proponer la retirada del menor. 176 de esos núcleos familiares presentaban algún riesgo -el objetivo fue la preservación familiar- y otros 26 casos fueron de reunificación, es decir, en los que el menor había permanecido con la familia extensa o en un centro y se trabajó su vuelta con los padres. Las estadísticas revelan además que ni la formación, ni la situación laboral (sólo el 6% de las familias atendidas en 2008 estaba en situación de desempleo) son determinantes.

Estos equipos no sólo entran en la familia y proponen sesiones para corregir esas prácticas, sino que se coordinan con los equipos y recursos de centros educativos o programas de inserción de distinto tipo -es la labor del educador-, con los centros de salud, derivando a salud mental, si se detectan patologías, con los servicios sociales comunitarios y cuantos recursos hay a su alcance para que la familia pueda recuperar una rutina de cierta normalidad -es lo que hace el trabajador social-. Las terapias las aborda el psicólogo. Los casos les llegan derivados desde los Servicios Sociales de cada municipio o del Servicio de Protección al Menor de la Junta y se aceptan si hay posibilidad de recuperación y si la familia está de acuerdo en colaborar. El don de gentes de los trabajadores es determinante en esto, aunque Maite apunta que, a veces, un pequeño logro relacionado con algo material que puede necesitar la familia hace milagros. Muchas veces esa voluntad de colaborar de la familia la propicia que no se trate de los mismos profesionales que ejercen en su municipio. El trabajo de estos grupos supone, al fin y al cabo, una intromisión en la intimidad de la familia. El ser personas ajenas favorece que pongan menos reparos. Con las familias trabajan dos años como máximo. Luego, el seguimiento corresponde a los Servicios Sociales Comunitarios.

La coordinadora del programa, adscrito al área de Servicios a personas dependientes y Derechos Sociales, que dirige el diputado Francisco Morales Zurita, subraya el elevado nivel de compromiso de los 18 profesionales con los que cuenta la Diputación.

"Sin implicación no podría llevarse a cabo", apunta José María, respaldado por sus compañeros de Guillena, quienes, cuando se les pregunta qué es lo más frustrante de su labor, no hallan nada que tenga que ver con los usuarios. Si acaso, que pese a su moderado sueldo, sus contratos sujetos a la inestabilidad de los programas o los desplazamientos en coche propio, que hacen gustosos, lleven desde el pasado mes de mayo sin cobrar el kilometraje, bromean.

"Las familias te aportan mucho, aprendemos cómo asumen sus problemas, el sentido de la vida, lo que es útil y lo que no. Nos equilibra trabajar con ellos. Estás pegado a la realidad y eso te enriquece", enumeran en una sala con la pared repleta de dibujos de los niños que son su principal objetivo. Incluso, dicen que intentan trasladar esa visión de la vida a su entorno personal, aunque a veces no les entiendan del todo. Eduardo subraya además el trabajo en red y coordinado que se hace con compañeros de otros servicios como una de las cosas que más les aporta. También la implicación, más allá de lo que le correspondería profesionalmente, de muchas personas. Maite, la trabajadora social, sólo ve frustración en las dificultades con las que se topa por la burocracia de la Administración a la hora de lograr algún recurso pequeño, pero determinante para la familia en un momento. Muchas veces, halla respuesta más rápida en entidades privadas.

En cuanto al momento "costoso y doloroso" de tener que proponer la retirada del menor, Maite y sus compañeros aseguran que tampoco les frustra. Se hace las menos de las veces y, en todos los casos, son conscientes de que es lo mejor para el niño. "A medio plazo puede ser un revulsivo", apunta José María. El equipo reconoce además que pocas veces las familias se les han enfrentado por una decisión así. Nunca se les engaña, la retirada o la protección del menor en su acepción políticamente correcta, se "consensúa con ellos, para evitar que sea traumático para unos y otros", se hace con transparencia y teniendo en cuenta que existe la posibilidad de la reunificación familiar. "Somos honestos hasta la valentía".