Tragsa retira otras 150 toneladas de basura tras la segunda alerta sanitaria

El Coronil volvió a ser este miércoles un pueblo sin bolsas de basura apiladas en sus calles después de 58 días ya de huelga indefinida convocada por el SAT. Personal de la empresa estatal Tragsa -con dos camiones y dos retroexcavadoras- retiraron hasta 150 kilos de desechos del municipio. El operativo, en el que participaron 80 agentes de la Guardia Civil, menos que la otra vez, arrancó a las dos de la madrugada del miércoles y con él se puso fin a la segunda situación de riesgo sanitario que se declaró el lunes, 21 días después de la anterior, que ya obligó a recoger toda la basura que se había acumulado hasta entonces en las calles por motivos de salud pública.

Según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla, que coordinó el operativo por encargo del Ayuntamiento con la Subdelegación del Gobierno central, en esta ocasión se comenzó a recoger a mano por las calles del casco histórico, donde no entran los camiones. Se terminó en las zonas periféricas ya cerca del mediodía. El personal de Tragsa pudo trabajar sin incidentes destacables ni enfrentamientos de la Guardia Civil con los piquetes del SAT.

El sindicato que lidera el ex alcalde Diego Cañamero reclama con esta controvertida huelga que vuelva a funcionar una bolsa de empleo, con 525 personas apuntadas, con la que se venían cubriendo por estricto orden de antigüedad dos de los cinco puestos de peón del servicio municipal. La lista quedó en suspenso en marzo de 2012 y, aunque el alcalde, Jerónimo Guerrero (PSOE), se comprometió a reactivarla en 2013, asegura que no puede hacerlo, por los límites que el PP ha puesto a que se hagan nuevas contrataciones en los ayuntamientos y por el acuerdo que el comité de empresa -que respalda la reivindicación del SAT, pero que no firmó la convocatoria de huelga- exigió cuando se aplicó una rebaja salarial al personal: que no se hicieran nuevas contrataciones y que el trabajo se cubriera con el personal propio.

A pesar de que ya van casi dos meses de huelga, las partes no se han sentado a negociar, en tanto que el alcalde exige que se cumplan los servicios mínimos. El problema es que Cañamero interpreta esos servicios mínimos de una forma más restrictiva, ciñéndolos al centro de salud, colegios, residencia y mercado en días alternos. Las autoridades laborales dejaron claro que se debía recoger todo el pueblo, en la medida que dé tiempo en la jornada laboral, sin dejar nunca de recoger esas zonas sensibles.

Cañamero considera que esos servicios mínimos harían que la huelga no tuviera sentido por su escasa incidencia e insistió en las motivaciones políticas de los mismos e incluso del uso que se está haciendo de los informes sanitarios.

El alcalde aseguró ayer que ha recibido una nueva propuesta de las direcciones provincial y regional de IU -aunque fuentes de ésta última dijeron que "no le consta" y que se trata de un conflicto en el compete mediar en su caso a las direcciones provinciales de los partidos- para que se comience a negociar de inmediato y que, mientras duren las negociaciones, se cumplan los servicios mínimos.

El regidor aseguró que está dispuesto. Guerrero estima además que esta misma semana se podría cerrar definitivamente el proceso administrativo para que Tragsa, con el apoyo de la Guardia Civil, se haga cargo también de esa recogida de servicios mínimos, toda vez que cuatro de los cinco operarios municipales llevan meses de baja por motivos psicológicos. El Ayuntamiento contrató a trabajadores de una empresa, pero los piquetes del SAT impidieron que trabajaran, al considerarlos "esquiroles".