El TSJA urge a la Junta y al Consistorio a demoler la escuela de hostelería ilegal

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) emitió este martes una diligencia en la que se da un plazo de diez días hábiles a la Junta y al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán para que informen sobre qué actuaciones y resoluciones han adoptado para demoler la escuela de hostelería y que indiquen qué "autoridad o funcionario" ha sido designado como responsable de los trabajos que hay que hacer. En el escrito, que se puede recurrir en el plazo de cinco días, se recuerda además que, en caso de que no se haga nada, será la propia sala del TSJA la que "adoptará las decisiones oportunas para llevar a cabo dicha demolición".

El escrito responde a la petición de ejecución forzosa que han hecho los 21 vecinos de la urbanización el Mirador de Sevilla, entre ellos la abogada Lourdes Caraballo, que ha llevado el caso, y que denunciaron en los tribunales la modificación urbanística con la que, en 2009, el Consistorio y la Junta intentaron legalizar una construcción que era incompatible con la calificación que tenía el suelo de zona verde. Antes de denunciar, solicitaron que se paralizara y acudieron incluso al Defensor del Pueblo Andaluz. En concreto, se modificó el PGOU para que la parcela pasara de zona verde a ser de Interés Público y Social (SIPS). Pero en octubre, el Tribunal Supremo, al que recurrió la Junta en última instancia, confirmó el primer fallo del TSJA que, en mayo de 2012, ya dijo que la construcción tenía que demolerse. La modificación urbanística, según el Supremo, "no obedeció a la búsqueda y satisfacción de intereses generales, sino a enmendar una actuación de ilegalidad provocada por el propio Ayuntamiento". La sentencia es firme.

El inmueble fue construido sobre un suelo municipal. Pero los casi tres millones de euros que se han invertido son de la Consejería de Empleo, procedentes de fondos europeos para la formación. Los vecinos pidieron la suspensión cautelar de las obras cuando denunciaron, pero les fue denegada, al contrario de lo que ocurrió con el caso de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla en el Prado de San Sebastián, en la capital, que es un caso similar. La gestión de las obras la hizo la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo del Aljarafe.

Los vecinos presentaron el escrito solicitando la ejecución forzosa el 26 de enero, después de que el TSJA notificara el fallo a las partes y hayan pasado dos meses sin ninguna otra respuesta. Hasta ahora, ni la Junta ni el Ayuntamiento han aclarado quién asumirá los costes. Según los denunciantes, ambas son responsables puesto que fueron demandadas en la sentencia del TSJA que el Supremo ha confirmado.

En estos meses, el alcalde de Castilleja de Guzmán, Carmelo Ceba (PSOE), que no se presenta a la reelección en las municipales de mayo, ha intentado desbloquear la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que ya se aprobó provisionalmente con el apoyo del PP, pero que necesita pasar de nuevo por el Pleno para subsanar algunas deficiencias. Pero el trámite, a pocos meses de las elecciones y sin mayoría absoluta, no es fácil.

En ese nuevo PGOU los suelos en los que se alza la escuela de hostelería se cambian para que sean compatibles con la construcción. Pero los vecinos del Mirador de Sevilla recuerdan que la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su artículo 103.4, recoge que "serán nulos de pleno Derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento", como, según su criterio, sería este caso.

Otro consorcio escuela que no arrancó

El gobierno local socialista de Castilleja de Guzmán ha defendido un proyecto que, según el alcalde, Carmelo Ceba, iba a ser un revulsivo, un hito en la creación de empleo y riqueza en un municipio que ha crecido como ciudad dormitorio, pero sin actividad productiva alguna más allá de los pequeños comercios. Lo acotado del término municipal deja poco margen para otro tipo de actividad industrial. El caso es que se fue con prisas y se comenzó a construir un edificio en una parcela de 20.000 metros donde, según el PGOU, sólo se permitía ocupar 238, para pequeños servicios, como quioscos al aire libre. La modificación urbanística a posteriori no convenció en los tribunales, que han dado la razón a unos vecinos a los que se ha intentando estigmatizar como responsables de la falta de opciones económicas del pueblo. En enero de 2012, el entonces consejero de Empleo, Manuel Recio, explicaba que la escuela de hostelería, con capacidad para 90 alumnos y restaurante abierto al público, iba a comenzar a funcionar el curso siguiente. Se iba a gestionar como un consorcio escuela, como el de la escuela de artesanos de Gelves y otros 14 en toda Andalucía, participado por Ayuntamiento, la Mancomunidad y la Junta.