Sanlúcar la Mayor identifica casi 1.100 viviendas en suelo rústico

El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor ha identificado 1.074 viviendas en suelo no urbanizable que ha recogido en el llamado Avance de planeamiento para la identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos, el documento que, siguiendo el decreto 2/2012 de la Junta, debe servir de referencia para que algunas de estas construcciones puedan ser reconocidas, contratar suministros básicos y realizar obras de mantenimiento, siempre y cuando no estén en suelo protegido.

Según la clasificación que se ha hecho y que está en exposición pública, 136 de esas viviendas se clasifican dentro de asentamientos, es decir, urbanizaciones que serán incluidas en el PGOU del municipio. Se trata de las conocidas como Camino de Huévar, Camino de Olivares, Las Majadillas, Disfrute de Puerto Rico y La Ribera. Son las más cercanas al casco urbano y con densidad suficiente como para que los vecinos puedan afrontar un proceso de urbanización, con viabilidad técnica y económica. En este caso, según el concejal del Urbanismo, Manuel López Raya, en el futuro PGOU se le fijarán también unos plazos para que se urbanicen y equipen. La parcelación más importante del municipio Los Ranchos del Guadiamar, con 470 propietarios y también pendiente de culminar el proceso de regularización, ya está incluida en las Normas Subsidiarias en vigor.

Otras 600 viviendas que se han catalogado en el avance, que fue aprobado en el Pleno el pasado mes de noviembre, están dispersas por todo el término municipal y serían susceptibles, en su caso, de acceder a un certificado de Asimilado a la de Fuera de Ordenación (AFO), la figura por la que ha apostado la Junta para que puedan inscribirse en el Registro de la Propiedad. Aunque legalmente no puedan ampliarse, sus propietarios sí podrán contratar suministros básicos, como luz y agua, y solicitar licencias de obra para el mantenimiento de lo ya construido, nunca para ampliarlo.

El resto, unas 340 viviendas, tienen una solución más compleja, puesto que se hallan sobre suelos protegidos en los que, teóricamente, no pueden regularizarse. No obstante, y según López Raya (de la formación independiente Alternativa por Sanlúcar, que gobierna en coalición con el PP), habrá que estudiar caso por caso, puesto que algunas son anteriores 1975 o se hallan en zonas protegidas cuyo límite ha ido variando con el tiempo.

En cualquier caso, el edil confía en que el proceso que se ha iniciado sirva para abordar un problema que no es nuevo en el Aljarafe y que ha tenido una especial intensidad en Sanlúcar la Mayor, por su extenso término municipal, en el que muchos vecinos de la capital han ido comprando suelo a los agricultores para levantar chalés y casas de fines de semana. La aspiración se extendió también entre los vecinos del municipio en los años de bonanza, sin que los medios locales fueran suficientes para controlar el fenómeno.

El avance que ahora está en exposición pública debe contar también con un informe de la Junta, que no es vinculante y volver a aprobarse en el Pleno junto a la ordenanza fiscal con las tasas que los vecinos deberán pagar para acceder a la declaración AFO que, según el gobierno local, se ceñirán a los costes que tengan los informes y trabajos técnicos que requieren.