Procesan al ex alcalde Domingo Salado por una adjudicación irregular

El juzgado Mixto número 3 de Sanlúcar la Mayor ha procesado al ex alcalde de Espartinas, Domingo Salado Jiménez (PP), por una adjudicación irregular a una empresa de la mujer de un ex alto cargo del Ayuntamiento. La empresa que se benefició de la adjudicación era Dafra, propiedad de Francesca Ruggiero, esposa del ex gerente de las sociedades municipales Espartinas Desarrollo Local S. A. y Espartinas Global S. A., Juan Antonio Torrecillas Méndez. Tanto éste como su esposa han sido también procesados en el caso. La juez cree que el alcalde pudo incurrir en un delito de prevaricación, otro de tráfico de influencias y otro de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.

En el auto de procesamiento, la titular del juzgado número 3 de Sanlúcar expone que el 25 de febrero de 2011, el Pleno del Ayuntamiento de Espartinas aprobó un expediente para la concesión administrativa de la explotación de un restaurante situado en el Parque Sol de este municipio. El 2 de marzo de ese año se constituyó la sociedad Dafra Espartinas S. L., cuya única administradora era Francesca Ruggiero y que tenía por objeto social la explotación de establecimientos relacionados con la hostelería y el mantenimiento y limpieza de zonas verdes y jardines.

El Ayuntamiento adjudicó el restaurante a Dafra y el contrato se formalizó el 12 de agosto. La empresa debía pagar un canon de 28.000 euros anuales al Consistorio de Espartinas. "Con la intención de obtener un mayor rendimiento de la explotación del restaurante", apunta la juez en el auto, los tres procesados "idearon que el mantenimiento y limpieza del parque fuesen adjudicados a la misma sociedad.

El 24 de enero de 2012 se hizo una memoria justificativa de la externalización del mantenimiento del Parque Sol, que estimaba como precio adecuado la cantidad de 56.000 euros más IVA, a satisfacer en dos anualidades. "A iniciativa del alcalde, Domingo Salado, se rectificó el proyecto rebajando el precio hasta llegar a la cantidad de 28.000 euros". La propuesta de externalización se hizo el 13 de febrero. Fueron invitadas Dafra y otras dos empresas. "La participación de estas dos últimas era aparente, pues no tenían intención de participar para obtener la adjudicación, sino que fueron buscadas para dar apariencia de legalidad a la licitación".

El auto añade que sólo se registró la solicitud de Dafra y, un día después de concluir el plazo de presentación, se recibieron las de las otras dos entidades. "El procedimiento continuó con la única solicitud presentada dentro del plazo establecido. La entidad fue requerida para que subsanara determinados defectos en la documentación presentada". El día 30 de marzo de 2012, el secretario general del Ayuntamiento informó al alcalde de las deficiencias en la documentación de Dafra, "y que las normas que rigen el procedimiento de contratación impedían la adjudicación a la empresa en tales circunstancias, informándose que debía tenerse por retirada a la entidad y proceder a realizar nuevas invitaciones". Pese a esto, el alcalde "ordenó continuar con el procedimiento alegando que se tramitaba por la vía urgente".

El 16 de abril, el secretario volvió a informar de que la normativa impedía la contratación con Dafra, y de nuevo el alcalde ordenó seguir adelante. El contrato se adjudicó el 17 de abril por una cantidad de 27.140 euros IVA incluido. Dos años después, el 12 de mayo de 2014, la interventora del Ayuntamiento señaló que Dafra no había pagado este dinero y recordó la potestad del Ayuntamiento para dejar sin efecto la concesión en caso de incumplimiento. Otro informe de 23 de junio de 2014 puso de manifiesto las irregularidades en el proceso de contratación, "resaltando la necesidad de suspender la tramitación del expediente", que debía de elevarse a Pleno si la junta de gobierno resolvía en contra del reparo. Sin embargo, la junta de gobierno resolvió el pago de las facturas en contra del reparo de la interventora, e hizo caso omiso a lo indicado". Además, el alcade prorrogó la concesión, presentada fuera del plazo fijado en el contrato y en contra del reparo de la interventora.