El PSOE del Ayuntamiento de Coria denuncia que se ha vulnerado la participación de los municipios afectados por la mina de Aznalcóllar

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Coria del Río, David Díaz, ha presentado formulario de alegaciones ante la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de Sevilla en relación al dictamen ambiental del expediente AAU/SE/139/18/N para manifestar la disconformidad de su grupo con las últimas noticias que se han hecho públicas en relación al vertido de aguas residuales desde la mina de Aznalcóllar hasta el Estuario del Guadalquivir.

El secretario general de los socialistas corianos ha manifestado su preocupación por el vertido. “Si bien somos conscientes de la importancia que la puesta en marcha que una explotación minera tendrá para la localidad de Aznalcóllar y sus vecinos, estamos muy preocupados por el impacto ambiental que un vertido continuado de aguas residuales, con un alto contenido en metales pesados, procedentes de dicha explotación pueda causar en la flora y la fauna del Estuario del Guadalquivir. Dado que, más allá de los hipotéticos beneficios que la citada implantación puede suponer para la comarca en cuanto a la contratación y nuevos empleos que puedan surgir, hay otras perspectivas ambientales, sociales, de transporte, que también es importante valorar, y promover”.

Según los socialistas de Coria del Río, en las alegaciones presentadas ante la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible, se está incumpliendo el artículo 9.4 de la Ley 21/2013 que obliga tanto a los ayuntamientos como a la Junta de Andalucía a promover y favorecer la información y participación social en proyectos de esta índole.

En ese sentido, David Díaz sostiene que “hemos comprobado que ninguno de los ayuntamientos de los términos municipales donde se desarrolla el proyecto objeto de dictamen ambiental, esto es, Aznalcóllar, Olivares, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Salteras y Valencina de la Concepción, han cumplido con las obligaciones establecidas en dicho artículo. Lo que significa que se han vulnerado los derechos de participación e información pública de la ciudadanía de esos municipios, y el principio de publicidad activa de las leyes de transparencia, y por tanto resulta obligado subsanar esa vulneración de derechos”.

Del mismo modo, el PSOE mantiene que se ha producido una modificación sustancial y de documentación del vertido al Estuario del Guadalquivir que no ha sido sometida a información pública, lo que obliga a abrir un nuevo periodo de información para dicha documentación.

Añade el PSOE que tampoco se establece la consideración de la corta de Aznalcóllar como una instalación de residuos de categoría A. De hecho, no se contempla un plan de emergencia exterior que no se ha diseñado ni incluido en el proyecto.

Además, David Díaz sostiene que, “en lo que se refiere nuestro municipio, tampoco se han llevado a cabo las preceptivas consultas al Ayuntamiento de Coria del Río como localidad a la que le afectaría directamente el vertido de la planta de tratamiento de aguas al río Guadalquivir. Cuando somos uno de los pocos pueblos en los que perviven oficios tradicionales como el de la pesca del albur, el camarón o el cangrejo, que forman parte de nuestro patrimonio inmaterial, en cuanto a su actividad laboral y en cuanto al papel que representa en la gastronomía de la zona”.

El portavoz socialista ha criticado "la hipocresía y la ambigüedad" en la que se mueve el actual alcalde de la localidad ribereña, Modesto González, con respecto a los problemas medio ambientales con los que conviven sus vecinos. “No puede irse a una manifestación fuera de Coria del Río para coger un megáfono y lanzar cuatro proclamas populistas, cuando lleva años dándole la espalda a los vecinos de la Barriada Guadalquivir con el grave problema de contaminación por gases tóxicos que vienen padeciendo. De hecho, con el posible vertido al río de aguas residuales procedentes de la mina de Aznalcóllar está haciendo exactamente lo mismo que con la Barriada Guadalquivir. Pregonar vino y vender vinagre. De lo contrario ya hubiese presentado las correspondientes alegaciones ante la Consejería de Desarrollo Sostenible”.

Según han manifestado recientemente Ecologistas en Acción y Greenpeace, a pesar del proceso de depuración, la carga contaminante máxima acumulada durante los más de 18 años que se propone autorizar, descargaría en el Estuario del Guadalquivir cantidades totales muy elevadas de metales y metaloides potencialmente tóxicos como arsénico (2.709,12 kg), cadmio (677,28 Kg), cobre (5.577,60 Kg), cromo (717,12 kg) mercurio (23,90 kg), níquel (5.577,60 Kg), plomo (796,80 kg), selenio (796,80 kg) y zinc (26.294,40 kg), entre otros contaminantes.

Según el PSOE municipal, la empresa Minera Los Frailes sigue repitiendo, desde su solicitud de 2 de marzo de 2018, que es titular de una concesión minera inexistente, dado que todavía no se ha otorgado. "En todo caso, esos derechos mineros se concedieron al consorcio Minorbis-Grupo México, y no a Minera Los Frailes, que ni siquiera se presentó al concurso convocado en su día. Además, este procedimiento debe ser suspendido, hasta que hubiera sentencia firme en los dos procedimientos judiciales en curso. Pero no solo eso".