El PP afirma ahora que se equivocó con los funcionarios: son el 36%

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla tuvo que rectificar y pedir disculpas al presidente socialista, Fernando Rodríguez Villalobos, por los datos que un día antes, en rueda de prensa, había aportado sobre el número de funcionarios, personal laboral y eventual de la Diputación. Frente al 6% de funcionarios entre casi 1.800 trabajadores que el portavoz, Eloy Carmona y la diputada Virginia Pérez, aseguron que había, son un 36,66% en realidad. Fuentes populares achacaron lo ocurrido a un malentendido al recoger los datos de sus asesores. El PP había esgrimido esos números para justificar la necesidad de un mayor control del personal de la casa, a raíz de una sentencia que obliga al gobierno socialista a entregarle la relación nominativa del mismo y la valoración de puestos de trabajo, que se le había denegado antes.

Villalobos aprovechó el ruego del PP en el Pleno en el que pedía que se cumpliera la sentencia para arremeter contra la forma de hacer política del PP, que "busca el titular". "El PP daña la imagen de la Diputación, falseando descaradamente los datos sobre la plantilla", añadió después el portavoz socialista, que calificó lo ocurrido como una "ruin tergiversación y falseamento" del PP para "ensuciar el nombre" de la entidad e "insultar" a la plantilla. El porcentaje de personal eventual, de confianza, es el 6,41% y se pactó entre todos los partidos, dijo. En cuanto a la sentencia, puso en valor el que el 97% de las 77 peticiones de información que el PP hizo en 2012 se atendieron.

El error del PP marcó el Pleno, por la condescendencia con que el principal grupo de la oposición trató el Gobierno, pese a los temas propicios para ataques partidistas que se abordaron. Como la moción de IU que pidió la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la convocatoria de elecciones generales y el inicio de un proceso constituyente, basándose en los casos de corrupción que asuelan el país y la posible financiación irregular del PP y el pago en B sus cargos. El PSOE la apoyó. Aunque admitió que "no corresponde a la Diputación ni es el momento para hacer peticiones de dimisión", se sumó a los motivos esgrimidos por IU, que abogaba por reformas legales para que la lucha contra la corrupción sea más eficaz y que defendía que la regeneración democrática no se puede dejar sólo en manos de la "clase política". El portavoz socialista insistió en que "no podían dejar de apoyar" una propuesta de rechazo férreo y expreso a la corrupción.

Todos los grupos -incluso el PP, que votó en contra de la iniciativa- coincidieron en la necesidad de "un gran pacto" contra la corrupción. El portavoz del PP, Eloy Carmona, recurrió a la afirmación de que, en un Estado de Derecho, "el que la hace la paga" y que Rajoy no debe dimitir, "porque ha dado explicaciones donde las tiene que dar, en sede parlamentaria".

El PSOE e IU respaldaron otra moción del PA que pide el "boicot" en ayuntamientos, la Diputación y la Junta a los productos de empresas que se deslocalicen de Andalucía sin tener pérdidas, con referencias a Danone -que quiere cerrar su planta sevillana y despedir a 85 trabajadores- o Roca. El gobierno socialista matizó que no podía realizar ese boicot, prevaricaría, aunque se lo "pide el cuerpo" -en palabras de la comedida vicepresidenta, Dolores Bravo-, pero respaldó la moción como pronunciamiento público. El debate sirvió para volver a poner sobre la mesa los fúnebres datos de un 35% de paro en Sevilla y una juventud "condenada" a la emigración, como recordó el andalucista Alberto Mercado, y se abogó por un mayor control y fiscalización de las ayudas públicas que han recibido estas empresas, para que las devuelvan en su caso.

En cuanto a las competencias propias de la Corporación, lo más imporante fue el visto bueno a la financiación para 2013 del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad, el viejo plan provincial de Servicios Sociales: 48,5 millones, que, como advirtió IU, "están en el aire". Los 27 millones que debe aportar la Junta (el Estado ya ha dicho que podrá 500.000 euros menos) no están confirmados. IU exigió que la Diputación se comprometa a cubrirlo con fondos propios, declarándose "insumisa" a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que obliga a priorizar la amortización de deuda bancaria, con 33 millones de euros este año de los remanentes del presupuesto. Villalobos dijo que en la reunión que tiene pendiente con el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, pedirá que los remanentes de este año sí que se puedan destinar a esos fines, ya que el endeudamiento de la Diputación es moderado.