Mujeres gitanas piden a la fiscal que investigue si hubo racismo en Estepa

Incitación al odio, al racismo y a la xenofobia. Éste es el análisis que la Federación Andaluza de Mujeres Gitanas Fakali realiza de los violentos incidentes ocurridos el 5 de julio en la localidad de Estepa, lo que les ha llevado a solicitar la intervención de la Fiscalía de Sevilla. Fakali presentó el pasado lunes una denuncia ante la fiscal jefe, María José Segarra, a la que ha pedido que abra unas diligencias de investigación para investigar si detrás del asalto y quema de siete viviendas del clan de los Chorizos hay un brote racista, según confirmaron este martes a este periódico fuentes del Ministerio Público. La Fiscalía estudia ya esta denuncia, aunque tendrá que remitir la misma al Juzgado de Estepa que investiga los ataques y que mantiene imputados a 22 vecinos por cuatro delitos: daños, resistencia y desobediencia a la autoridad, desórdenes públicos y realización arbitraria del propio derecho.

La denuncia plantea que además de los delitos de allanamiento de morada, robo con fuerza o robo con violencia en casa habitada que podrían haberse cometido en los ataques, también habría delitos de discriminación a los gitanos por cuanto, según los denunciantes, no puede soslayarse que el "fondo principal" de los sucesos acaecidos en Estepa es la "incitación al odio y al racismo, con un comportamiento xenófobo contra parte de la comunidad gitana residente en Estepa".

Los denunciantes consideran que los hechos se realizaron "por ideas racistas", que están motivados por "conductas claramente racistas y xenófobas", y recuerdan que el Tribunal Supremo, en una sentencia de mayo de 2013, aludía a la provocación al odio o a la violencia contra grupos al sostener que "en un Estado de Derecho regido por el principio de legalidad, la conveniencia o el deseo de erradicar determinadas conductas no permite prescindir de los derechos fundamentales que la Constitución garantiza".

Fakali se pregunta si los incidentes habrían sido los mismos en el caso de que los sospechosos de la oleada de robos no fuesen gitanos. "¿Estos gravísimos incidentes se hubieran producido, con los resultados habidos, si en esos siete domicilios vivieran personas de otras comunidades y no de la gitana?", es la pregunta retórica que la asociación plantea. Fakali concluye que hay "indicios racionales" de posibles delitos en la actuación de los manifestantes y los responsables del asalto de las viviendas.

Las familias de los Chorizos tuvieron que huir ante el "gravísimo riesgo para sus vidas y la de sus hijos", entre ellos varios menores de edad, quienes "no tuvieron la protección que todo ciudadano espera recibir de un Estado de Derecho" y añade que los vecinos de las casas colindantes afirmaron que "ver a tanta gente con sed de venganza provoca inmenso pavor".

Fakali apunta que los hechos podrían constituir delitos contemplados en los artículos 510 y 511 del Código Penal, que recogen los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Así, el artículo 510.1 castiga con penas de prisión de uno a tres años a "los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza". El artículo 511.2 contempla penas de seis meses a dos años de prisión cuando los hechos "se cometan contra una asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por razón de la pertenencia a una etnia o raza".

Reuniones con vecinos para normalizar la situación

El alcalde de Estepa, Miguel Fernández (PA), convocará reuniones con los vecinos y los cuerpos de seguridad de esta localidad sevillana para ayudar a "retomar la normalidad", tras la última detención de uno de los integrantes del clan de los chorizos y ante las movilizaciones ciudadanas llevadas a cabo contra los robos. Según informaron fuentes municipales, el regidor estepeño manifestó ayer que quiere abordar el asunto con los vecinos y los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para intentar "calmar los ánimos" de los ciudadanos y poder proseguir con el "día a día" de esta localidad. Hace unos días visitó Estepa Juan José Cortés, el padre de la pequeña Mari Luz -asesinada en Huelva- para ofrecer su mediación y pedir calma a los vecinos. Por otro lado, el aumento de los dispositivos de seguridad de la Guardia Civil desplegados por la Subdelegación del Gobierno se mantiene actualmente en la localidad, aunque según informaron las mismas fuentes, cuando éstos sean retirados en el dispositivo de seguridad municipal habrá un aumento en el número de efectivos de la Guardia Civil -en comparación a los que suele haber- "como prometieron" desde el Estado.