Marines en Morón: otro Mister Marshall
La presencia del contingente ha tenido un impacto insignificante en el entorno de la base
Sí preocupa que su marcha se use como excusa para nuevos recortes del personal civil: 350 trabajadores
¿Alguien ha visto a los marines norteamericanos que en 2013 desembarcaron en la base militar de uso conjunto de Morón de la Frontera?. En la comarca sevillana de la Campiña, no lo han hecho. O no, al menos, en los términos que se esperaban de impacto económico –mayores encargos a proveedores, más civiles contratados, más alquiler de viviendas y consumo en el entorno...– cuando se anunció la llegada del contingente hace ocho años. Trasladar a Morón a esta Fuerza Especial Aire-Tierra de Respuesta de Crisis del Cuerpo de Marines fue una petición de EEUU, autorizada por el gobierno español tras el asalto a la embajada de Bengasi, en Libia. Inicialmente, fueron unos 850, aunque la modificación del tratado de Colaboración y Defensa entre EEUU-España, en 2015, permitió aumentar la presencia hasta 2.200 efectivos, que al parecer nunca se han alcanzado.
Según distintas fuentes, a pesar de lo que haya podido parecer por el eco que han tenido ahora las informaciones sobre la marcha a la base en Vicenza (Italia), su pérdida –que se apuntaba en Morón desde hace al menos un año– no supondrá un vuelco para la economía de la comarca y de los pueblos con relación con la base, porque tampoco lo supuso su llegada. No obstante, así se vendió a los ayuntamientos –sobre todo cuando se firmó la tercera enmienda al convenio marco de Defensa y Cooperación–, en otro gran ejemplo de lo que podrían ser expectativas frustradas a lo Bienvenido, Mister Marshall. Si ha habido contraprestaciones por la presencia de marines en Morón –unos 800 de media– ha sido a nivel estratégico del país, algo que no es baladí teniendo en cuenta al socio del que se trata, pero no en el ámbito del territorio.
Ayudas aleatorias y puntuales sólo a algunos municipios
Los ayuntamientos en cuyo término se ubica la base tampoco reciben compensaciones de forma sistemática. El Gobierno central sólo las ha contemplado algunos años en los Presupuestos Generales del Estado, como en 2007 y en 2008, y en 2021. En concreto, este año Ministerio de Hacienda asignó unos 980.000 euros a provincia de Sevilla, que se repartieron entre Arahal (680.000, el pueblo en cuyo término se asientan la mayor parte de las instalaciones); Morón (146.810) y Carmona (152.190), lo que fue toda una sorpresa. En ese caso, la asignación para gasto corriente al ayuntamiento fue por tratarse de un pueblo mayor de 20.000 habitantes cuyo término limita con Arahal. Pero no recibió nada, por ejemplo, Utrera, con mucha más relación con las instalaciones militares, u otras localidades menores con servidumbres aéreas.
Hay quien atribuye esa escasa o “insignificante” repercusión económica en la zona a las propias características de este cuerpo militar americano. Los marines, por su funcionamiento, son un cuerpo muy distinto al de la Fuerza Aérea Americana (USAF), la que ha estado históricamente presente en la base de Morón y que sí ha tenido y tiene un impacto en el territorio, con decenas de norteamericanos y sus familias asentados en la propia Sevilla, en Alcalá de Guadaíra y sobre todo en Utrera, el municipio más cercano a las instalaciones y mejor comunicado por autovía y tren de Cercanías con la capital. Se estima, que el 40% de los miembros de la USAF que viven fuera de la base, normalmente en casas grandes tipo chalés, optan en ese pueblo. En Morón, destaca su presencia, sobre todo, en la urbanización La Ramira la más cercana a la base, donde son el principal mercado para alquiler de casas. También se asientan en ese entorno unos 70 civiles americanos que trabajan para su ejército.
Pero los marines son más autosuficientes en términos logísticos, capaces de organizarse para construir y preparar sus propios campamentos o barracones y para atender su propia organización. No han necesitado mucha mano de obra externa o sólo lo han hecho de forma puntual. Desde luego, nunca ha habido contratos masivos. Se trata además de militares muy jóvenes, que apenas superan los 20 años, con una rotación elevada y que se desplazan sin sus familias, que siguen en EEUU. No alquilan viviendas, sino que durante el tiempo que hayan podido estar destinados en su misión –unos seis meses normalmente con Morón como base– se han alojado en la misma.
La presencia de los marines ni siquiera se ha notado en el ocio, según atestiguan vecinos y alcaldes, lo que podría al menos haber beneficiado a determinado tipo de establecimientos y a la hostelería. Sólo en los primeros años, hacían excursiones o visitas culturales organizadas, en autobuses, algunas a la costa. Luego, con la pandemia, ni eso.
En localidades como Morón y Utrera descartan que se hayan beneficiado igualmente proveedores locales de productos frescos. Los que trabajan con la base –según apuntan– lo hacen con la parte española, la del Ministerio de Defensa. Los americanos tienen sus propias redes de distribución y la mayoría no pasan por la Campiña sevillana.
Así, puestos a hablar del impacto que podría tener este cambio, la gran preocupación de los alcalde es que la marcha del contingente sea utilizada como una excusa por parte de la multinacional norteamericana que tiene adjudicados los servicios de la base militar desde mayo –KBR, que se hizo con el concurso que EEUU saca para cubrir esta base española y todas las que tiene en Turquía– para hacer recortes en el personal civil, la gran y verdadera repercusión de la base en un territorio con elevadas tasas de paro. Hay 350 civiles españoles contratados, el 95% con carácter indefinido, de todas las categorías y cualificaciones.
El presidente del comité de empresa, José Armando Rodríguez –pese a su apellido, es hijo de uno de los militares norteamericanos que pasaron por la base y terminaron asentándose en Sevilla, ejemplo del intercambio cultural y humano que supone la misma– asegura que les ha trasladado que la marcha de marines no afectará al empleo. No hay propuesta de reducción de trabajadores y les transmiten tranquilidad en ese aspecto. La licitación del contrato que se adjudicó su empresa –obligada a subrogar al personal– la hace la Fuerza Aérea de EEUU, es para ella para la que trabajan y no para los marines, y las cargas de trabajo en ese sentido no han variado.
No obstante, antes de que la marcha de los marines trascendiera a la opinión pública con un artículo en el diario El País, el 2 de noviembre, el comité de empresa ya había convocado una concentración ante la base, para el día 16 de noviembre, de 12:00 a 13:00 horas, que se mantiene y para la que se espera un amplio respaldo de políticos y autoridades locales.
El objetivo era y es reclamar medidas para garantizar el empleo, incluyéndolas para ello en el anejo 8 sobre relaciones laborales del convenio entre EEUU y España. Exigen un compromiso en ese sentido al Gobierno español.
Una de sus propuestas es homogeneizar la situación de los trabajadores de las bases de Morón y las de Rota. En la gaditana, los civiles son desde el año 1972 personal laboral del Ministerio de Defensa, si bien su número va a la baja y, conforme se materializan jubilaciones, se tiende también a la externalización, con contratos con empresas privadas.
El personal de Morón cree que el estar adscritos al Ministerio de Defensa, esa homogeneización con Rota, podría ser una de las opciones para lograr más estabilidad, frente a la situación de ahora, donde las decisiones que les afectan se toman en EEUU y, ante cualquier cambio, a la empresa le basta con aducir causas objetivas para el despido. También proponen que se fije una ratio de personal civil español en función del número de militares americanos en la base, teniendo en cuenta ese hecho del empleo como principal impacto de la base en la comarca.
La preocupación de los alcaldes y el afán del comité de empresa por tener mayores garantías no es baladí. En el año 2010 eran 610 españoles trabajando en la base, pero hubo un ERE con 119 despidos. En 2013, ya con la reforma laboral en vigor, hubo otro expediente de regulación de empleo, y la plantilla se redujo en otras 66 personas. En el año 2014, salieron 55 después de que tres departamentos se militarizaran: servicios aeroportuarios –carga y descarga de aviones–; combustibles –el repostaje de aeronaves– y el parque móvil (conductores, entre otros). El año pasado, también se despidió a 11 civiles que trabajaban en el hotel de la base, que se militarizó igualmente.
Frente a eso, desde el año 2010 se han producido pocos contratos. Es una plantilla que acumula experiencia y muy cualificada, con el domingo del inglés como requisito. Cubren desde aspectos de ingeniería civil, pasando por prevención de riesgos, hasta de logística. Españoles son, por ejemplo, los bomberos de la base, hay mecánicos del taller de vehículos, electricistas y limpiadoras, entre un largo etcétera...
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