El despido de una trabajadora tras una huelga debilita los apoyos al gobierno de Sánchez Gordillo

Cerca de una veintena de ex militantes del SOC y el SAT, entre otras personas cercanas al movimiento que lidera el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, han firmado un escrito en el que denuncian “la soberbia y la prepotencia del equipo del gobierno” que, según creen, han primado sobre los derechos laborales en el despido de una trabajadora de ayuda a domicilio, después de 20 años, alegando un “incumplimiento grave de sus deberes laborales” por “abandono del servicio”, entre el 27 de julio y el 17 de agosto de 2020, cuando, según la afectada, pidió sus vacaciones y un permiso para asistir al parto de alto riesgo de su hija en Italia.

Se da la circunstancia de que la trabajadora -Cochi Gómez, afiliada a la CGT- es una de las que impulsó una huelga por sus condiciones laborales y ese derecho a las vaciones, el pasado septiembre, tras la cual la Inspección de Trabajo concluyó que sus contratos estaban en fraude de ley. Ha sido además un activo miembro del SOC y concejala de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento, entre 2003 y 2007.

Entre los que firman el escrito están antiguos miembros del comité ejecutivo del SOC –ninguno de Marinaleda– como José Fernández Vázquez, Antonio Gallardo Torralbo, Juan Rodríguez González, Juan Carlos Ruiz Gómez, Macarena Luque Guillén, María Huelva Salas o Manuel Lara Castejón (luego edil del Movimiento Alternativo de Izquierda en El Coronil).

También los profesores universitarios Félix Talego, Manuel Delgado Cabezas o Ángel del Río y el abogado Antonio Zambrana, ex responsable de la oficina jurídica del SOC en Andalucía.

Asimismo, lo firman Francisco Antonio Peral, edil en Los Corrales; José Sánchez Vico, presidente de Andalucía por la Renta Básica Universtal; y Juan Antonio García, ex secretario de Coag-Málaga, entre otros.

Aunque el Consistorio ha venido negando que haya razones políticas o vinculadas a la huelga en el despido, después de un expediente abierto hace casi un año, los firmantes se muestran convencidos de que la causa ha sido “reclamar, junto a un grupo de compañeras, el derecho legal a disfrutar de sus vacaciones anuales, después de 23 años” en las que no las habían tenido.

Los firmantes recuerdan haber “sido protagonistas y testigos de muchos conflictos laborales y luchas sindicales en multitud de pueblos y ciudades”, en las que participó la trabajadora despedida como militante del SOC y que a diferencia de ahora se consiguieron resolver gracias a la “habilidad negociadora y la presión del SOC”, por lo que dicen no entender lo ocurrido.

“Más que los intereses y el cumplimiento de los derechos laborales de estas trabajadoras, lo que se ha puesto por delante es la soberbia y la prepotencia del equipo de gobierno, que no consiente que nadie cuestione su poder: reclama derechos fuera, pero no los concede dentro de Marinaleda”, aseveran en el escrito, en el que consideran que la causa de estas trabajadoras se conseguirá antes o después y lamentan la “anuencia cómplice del alcalde, que calla y consiente”. También lamentan la campaña contra las trabajadoras.

Después de que saltara la polémica por el despido, el SAT y el SOC han defendido en un comunicado emitido el pasado 4 de agosto que es falso que haya sido un despido político y que sí hay una “campaña con intencionalidad política” que busca derribar el equipo de gobierno de Marinaleda. Hablan incluso de “escraches y de asedio sin ningún tipo de miramientos" a sus dirigentes.