La Mancomunidad se disolverá antes del verano sin aclarar cómo saldará sus deudas

La alcaldesa de Lebrija y presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, María José Fernández (PSOE), quiere convocar la asamblea en la que se formalice la disolución del ente en el primer semestre. Es decir, a lo largo de junio como muy tarde. A partir de ahí, debe crearse una comisión liquidadora, con un vocal de cada uno de los once municipios integrantes -siete de Sevilla, cuatro de Cádiz- que tendrá seis meses para redactar el informe de disolución, en el que recoja qué se debe y qué debe poner cada ayuntamiento, según cuotas atrasadas, servicios no pagados y el porcentaje que le corresponde del pasivo. Hay que concretar las cifras, pero serán muy elevadas: a final de 2011, sólo los pagos pendientes a proveedores, Hacienda, Seguridad Social y a los trabajadores sumaban casi 37 millones, sin reclamaciones judiciales, intereses o indemnizaciones, frente a un patrimonio tasado en once. Dada la situación de los consistorios y teniendo en cuenta que pueden reclamar, pueden pasar décadas antes de que las deudas queden saldadas del todo.

Será y está siendo un proceso "complejo, arduo, difícil", explicaba ayer Fernández, quien negó la inacción que le reprochan algunos municipios y una plantilla exhausta tras ocho meses sin cobrar. Desde que asumió la Presidencia en febrero -el alcalde de Las Cabezas, Francisco Javier Toajas, se negó a hacerlo- ha tenido que evaluar la situación y dar pasos previos a la disolución que requieren asesoramiento, trámites en notarías y boletines, consultas y negociación. Aún se están auditando las cuentas, ya que no se aprobaba presupuesto desde 2003.

La regidora confía en que, en los próximos días, la mancomunidad se quede ya con 16 ó 17 trabajadores fijos, frente a los 500 que había en febrero o los 143 que siguen ligados al ente a día de hoy. El resto ha ido quedando el paro al vencer sus contratos o programas. Su intención era que una comisión de gobierno, que se celebraba ayer y que no había terminado al cierre de esta edición, le diera el visto bueno a su propuesta de suspender todos los programas que tiene asignados y están en marcha la mancomunidad -como escuelas taller y otros en materia turística, ambiental o social- lo que dará vía libre para que cobren el paro otros 106 trabajadores o, al menos, puedan buscar otro empleo. Se ha negociado con la Junta para que los alumnos reciban un certificado de profesionalidad. La decisión aumentará la deuda, porque las subvenciones tendrán que devolverse. En la comisión también se dio cuenta de la dimisión presentada el 2 de mayo, por el que ha sido gerente del organismo, José Antonio Navarro, aludiendo a motivos personales, después de que trascendiera que había sido condenado en firme por un supuesto caso de acoso sexual.

Desde el 1 de abril, el Instituto de Secundaria (IES) José Cabrera, en Trebujena, que era gestionado por la Mancomunidad ha pasado a depender de una fundación presidida por ese Ayuntamiento gaditano, junto a sus 27 trabajadores, que no tienen una fecha para cobrar sus nóminas atrasadas, pero las deben recibir sin problemas a partir de ahora. Se ha negociado un concierto con la Consejería de Educación.

Fernández quiere cerrar en los próximos días el Expediente de Regulación Temporal de empleo (ERTE) que se ha propuesto a los 15 trabajadores adscritos al vertedero de Utrera, que se ha cerrado de forma provisional hasta que se evalúe su situación y las medidas correctoras que precisa, así como la forma en la que se gestionará ya con la mancomunidad disuelta. El del Cornejil se cerrará del todo. El ERTE es de tres meses, durante los que la plantilla cobraría el paro, prorrogables a seis. La intención es vender el plástico acumulado a la empresa Urbaser para abonar al menos estas nóminas atrasadas.

A estas gestiones, se suman las que se hicieron para los 35 trabajadores que estaban contratados por la empresa instrumental Gesalquivir, que recibieron sus cartas de despido hace 15 días y que podrán cobrar sus nóminas atrasadas con el plan de pago a proveedores, ya que al tratarte de una sociedad mercantil los ayuntamientos han incluido en su listado de pago pendientes los servicios prestados. Para conseguir el quórum necesario para tomar todas estas decisiones y dado que por estatutos el consejo de administración se renueva en esta empresa cada cinco años ha habido que hacer hasta un cambio en los estatutos.