Tres meses de retraso en el pago de las plazas concertadas en la residencia de mayores

La Junta de Andalucía se está retrasando en el pago de las plazas concertadas en la residencia de mayores María Milagrosa de El Coronil en el peor momento, cuando este centro, como otros, ha tenido que hacer gastos extra por la pandemia y renunciar a cubrir parte de las plazas que tiene para garantizar las distancias de seguridad y espacios suficientes en el caso de que haya que aislar a residentes, por algún brote de Covid-19.

Se trata de un centro municipal, pero que gestiona el Patronato San Roque desde 1991. Según explica la gerente, Rocío Van Der Heide, llevan tres meses (octubre, noviembre y diciembre) sin recibir la liquidación por las plazas concertadas, que se hace habitualmente a mes vencido.

Hasta ahora han subsistido y tirado con los ingresos que tienen por las plazas privadas y la parte de las concertadas que pagan los propios residentes beneficiados, con su pensión.

Pero ya se ha producido el primer retraso en el pago de la nómina, en diciembre, que no ha podido cobrar una plantilla de 21 trabajadoras. Van Der Heide lamenta también la falta de información sobre cuándo se normalizará el pago, lo que les deja en una situación de "indefensión".

En diciembre, sí se comunicó a los centros que el pago de este concepto iba a pasar, en enero, de la Agencia Andaluza de Servicios Sociales a la propia Junta de Andalucía, por una nueva normativa relacionada con los presupuestos, pero que no habría más afección.

Esta residencia municipal de El Coronil tiene 39 plazas, de las que ahora sólo están ocupadas 33. De las 25 privadas sólo están ocupadas 11 en la actualidad, para dejar espacios libres en caso de que haya que aislar a residentes, aunque hasta ahora es uno de los centros sevillanos en los que el virus no ha entrado.

Pero esa merma de plazas privadas para dejar sitio hace que se dependa todavía más de los ingresos de la Junta por las 12 concertadas ocupadas en la actualidad, más otras dos sin cubrir, a la espera de que la Junta las asigne a alguna persona en lista.

"Hemos hecho un gran esfuerzo económico para garantizar toda la protección posible a nuestros residentes y personal", recuerda la gerente, para subrayar que esta demora de tres meses en los ingresos llega en el peor momento.

También lamenta la falta de interlocución o información. Después de hablar casi a diario con la Agencia de Servicios Sociales, sin respuesta, se le comunicó que estaban de mudanza. No han podido contactar con nadie más. El temor es que, por las fechas, tampoco se abone en tiempo y forma la liquidación de enero y los retrasos vayan a más.