La Junta señala que el decreto de vivienda dará "respuesta inmediata" a 27 familias en la provincia

Sevilla/El delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Francisco Javier Fernández, y la delegada territorial de Fomento y Vivienda, Granada Santos, han defendido este miércoles que el decreto sobre la función social de la vivienda aprobado por el Ejecutivo autonómico dará una "respuesta inmediata" a 27 familias de la provincia en máximo riesgo de exclusión social y sobre las que pesan amenazas de desahucio o graves dificultades para acceder a una vivienda. La aplicación de la nueva regulación, además, puede contribuir a la "desaparición" de las numerosas ocupaciones ilegales de vivienda que salpican la provincia como consecuencia del avance de la crisis.

Francisco Javier Fernández y Granada Santos han celebrado este miércoles una rueda de prensa para dar cuenta de los aspectos de esta nueva regulación. Ambos han reconocido que, en efecto, el procedimiento de expropiación temporal de viviendas constituye la medida "más mediática" del decreto, pero han desgranado todos los términos del mismo, desde los incentivos al alquiler al régimen sancionatorio, para defender que el espíritu de este decreto es poner sobre la mesa "medidas inmediatas" para resolver el drama de la vivienda.

Viviendas ociosas

En ese sentido, han expuesto que mientras en Andalucía "entre 700.000 y un millón de viviendas" permanecen "ociosas", sólo en la provincia de Sevilla el registro de demandantes de vivienda en régimen de alquiler cuantifica un total de 15.581 personas que reclaman acceso a una vivienda en alquiler acorde con su condición socioeconómica. La aplicación del decreto tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), según han expuesto, dará una "respuesta inmediata" en la provincia de Sevilla a 27 familias sin posibilidad de acceso a un techo o amenazadas de desahucio y que afrontan tal lance en una situación de máximo riesgo de "exclusión social".

Sobre la medida extraordinaria de la expropiación, Fernández y Granada Santos han reconocido que se trata de un procedimiento "de último recurso" sujeto siempre a la acreditación técnica del riesgo de exclusión social de estas familias en cuestión. No obstante, han defendido que el conjunto del decreto constituye un "giro radical" en materia de vivienda al desequilibrar "la balanza" hacia "el lado de la ciudadanía". "Este decreto da respuesta a las demandas de la sociedad marca una clara diferencia respecto a otras administraciones que desoyen a la ciudadanía e incluso hacen caso omiso", han señalado sobre el Gobierno central del popular Mariano Rajoy.