La Junta recuerda que ya elevó a Alaya un fraude de 20 millones

El Gobierno andaluz probó ayer una maniobra de autodefensa en el caso de los ERE ante los constantes ataques del PP. Para dejar constancia de su interés por esclarecer el escándalo y de su voluntad de colaboración con la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, informó de que no sólo se limitó a poner en su conocimiento el listado de empresas que recibieron ayudas con cargo a la partida 31-L, conocida como fondo de reptiles, sino que fue un paso más allá y denunció la posible existencia de una trama de 18 empresas que había detectado. Lo que puso en la pista fue la aparición "reiterada" de un grupo de siete personas en la plantilla de esas compañías, relacionadas también entre sí, y que llegaron a recibir hasta 20 millones.

Este grupo de empresas presuntamente implicadas en el fraude se asientan en una zona geográfica muy concreta, la Sierra Norte de Sevilla, el área de influencia natural del director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, principal imputado en la causa y al que el Gobierno andaluz, por ahora, señala como único responsable de este caso.

El informe de la Junta sobre estas 18 empresas fue remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el pasado 28 de octubre, curiosamente, el mismo día en el que su titular, la juez Alaya dictó un auto en el que ordenada a la Guardia Civil que abriera esa nueva línea de investigación. Tal y como se recoge en el documento, se pide que se revise la actividad de las empresas del hijo del ex alcalde de El Pedroso, Rafael Rosendo (PSOE), y de su persona de confianza, que recibieron ayudas por importe de 13 millones. Al igual que en el informe de la Junta, la juez también advierte de "la concentración en las mismas personas y en el mismo grupo empresarial de un número tan importante de ayudas públicas" y con "ausencia de procedimiento, de control del gasto y del destino de las cantidades aplicadas". En ese auto, la juez también incluye un requerimiento a la Junta para que informe de si esas ayudas se canalizaron sólo por la Consejería de Empleo, a través del IFA, o sin bien intervinieron otras consejerías como Innovación, Agricultura o Turismo.

La estafa de 20 millones supuestamente cometido por esta trama empresarial viene a sumarse a los diez millones también defraudados en los expedientes de regulación de empleo en el que se incluyeron como beneficiarias a 72 personas que nunca habían trabajado en las empresas beneficiarias, los denominados "intrusos". Esos 30 millones salieron de la partida presupuestaria 31-L, conocido como fondo de reptiles, y que tenía asignado un montante global de setecientos millones.

Tras el Consejo de Gobierno, la consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Mar Moreno, ensalzó el informe sobre esta red como prueba del "esfuerzo" de la Administración autonómica por "perseguir a los culpables" desde el "minuto uno" en que se destapó el caso. Esta actitud la contrapuso al "uso indecente" que, a su juicio, hace el PP de la investigación, demostrando que "no persigue a los culpables, sino que persigue al Gobierno". Mar Moreno recordó que el PP, como la Junta, está personado en el caso, y criticó que esté buscando todos los resortes para que la investigación se oriente hacia la Consejería de Hacienda, en un intento por que el caso salpique directamente al presidente andaluz, José Antonio Griñán, ya que las ayudas se concedieron siendo este titular de este departamento.

A pesar de la envergadura del caso, Moreno quiso poner el acento en que pese a las irregularidades, el grueso de las ayudas con cargo a esa partida fueron "necesarias y legales" y salvaron muchas empresas y trabajadores.