La Junta analiza ya el inventario de viviendas ilegales de Arahal

Arahal se ha convertido en el primer municipio sevillano en presentar a la Junta el denominado Avance de planeamiento de edificaciones en suelo no urbanizable, una especie de inventario o clasificación de las construcciones de este tipo y que, en base al decreto de la Junta 2/2012 del pasado 10 de enero, es el punto de partida para poder regularlas, según sus características. La rapidez ha sido posible porque ya se tenía hecho un importante trabajo de campo.

El documento, que se aprobó a finales de junio en el Pleno, debe obtener el beneplácito de la Junta para aprobarse definitivamente con los cambios que, en su caso, se introduzcan. Según fuentes de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, de la que depende el departamento de Ordenación del Territorio, la Delegación provincial está trabajando en el informe previo a la valoración por la comisión interdepartamental. El Consistorio confía en tener noticias antes de que acabe el año.

En total, en el documento se analizan 1.304 inmuebles, de los cuales un millar se clasifican como asentamientos urbanísticos (es decir, tres o más viviendas no separadas más de cien metros, cuyo reconocimiento no interferiría "gravemente" las previsiones del PGOU); otras 218 viviendas se clasifican como parcelaciones (en las que ha prescrito la acción de la administración para restablecer el orden urbanístico infringido) y 85 dentro del ámbito rural diseminado. De mantenerse tal cual, ello implicaría que el tratamiento para las primeras se tendría que hacer dentro del PGOU y ya como suelo urbanizable, con lo que los propietarios tendrían que aportar suelo y las cantidades de dinero que le correspondan por los metros de parcela para afrontar el coste de las infraestructuras y los equipamientos, la urbanización, en definitiva, de un suelo que ahora es rústico y según el modelo que se acuerde para ello.

El resto y siempre que cumplan con unos requisitos mínimos -no estar sobre suelo protegido, tener unas condiciones mínimas de habitabilidad y que hayan transcurrido más de seis años de la terminación total de las obras, lo que podría dejar fuera a los propietarios cuyas edificaciones fueron paralizadas- podrían solicitar la declaración de asimilado a fuera de ordenación, la figura prevista por la Junta en el mismo decreto para aquellos inmuebles que objetivamente no pueden legalizarse del todo y obtener la licencia de ocupación. Aunque con la declaración de asimilado podrían ya realizar obras de mantenimiento, acceder a servicios de luz y agua e inscribirse en el Registro de la Propiedad.

Eso sí, el trámite administrativo supondrá el pago de una tasa, aprobada en el mismo Pleno, el pasado 28 de junio, que viene a suponer el 4,25% del presupuesto total de la vivienda. Al final, una cantidad muy similar a lo que se paga por una licencia para construir una vivienda.

El concejal de Urbanismo, José Antonio Cabrera, destacó que lejos del afán recaudatorio, el precio se ha fijado teniendo en cuenta un estudio económico de los costes administrativos que supone todo el proceso. El Ayuntamiento ha realizado durante todo el mes de junio reuniones con las 25 comunidades afectadas, agrupadas en cuatro sectores. Según Cabrera, la exigencia de los propietarios es siempre una solución legal, que no es posible, aunque se les ha ido trasladando que las figuras previstas por el Decreto 2/2012 de la Junta es por el momento la única herramienta jurídica eficaz.