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El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Javier Fernández, ha mostrado su preocupación ante el nuevo anuncio de la empresa norteamericana encargada de la gestión y mantenimiento de la base, VBR, de poner en marcha un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 55 trabajadores.
Según un comunicado, Fernández ha trasladado su apoyo y solidaridad a los trabajadores de la base y a los afectados por el ERE en particular, mientras que insta al Ministerio de Defensa a que se "implique de lleno" en la solución de este problema en virtud del Tratado Bilateral entre España y Estados Unidos (EEUU), porque "hasta el momento se ha visto incrementada la presencia de militares norteamericanos en la base en perjuicio de los trabajadores españoles, que ha ido disminuyendo por causa de varios expedientes de regulación de empleo, desde los casi 600 trabajadores en 2010 a 375 en la actualidad".
Así, Fernández ha señalado que la presencia de la base aérea en territorio andaluz debe servir para compensar económica y socialmente a su entorno y no para "crear incertidumbre en el panorama laboral de la zona".
Éste es el tercer ERE que sufren los trabajadores de la base aérea desde el año 2010, en los que se han despedido a 185 trabajadores cuando la plantilla original estaba formada por 594. Se da la circunstancia de que el ERE correspondiente al año 2013, donde la empresa despidió a 66 trabajadores, fue declarado "no ajustado a derecho" por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
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