Interinos de la Diputación exigen, como los profesores, consolidación de empleo

Varias decenas de trabajadores de la Diputación, que ocupan plazas de forma interina, protestaron ayer durante el Pleno para exigir un plan de consolidación, en la línea de la disposición adicional cuarta del Estatuto Básico de los Trabajadores. Consideran que la oferta pública de empleo de 2017, con 200 plazas que saldrán por el sistema de concurso-oposición, supondrá un "ERE encubierto" para muchos de ellos, a pesar de que en algunos casos llevan 20 años en el organismo y superan los 45 años de edad. Este personal equipara su problema con el de los interinos de Educación, que se están movilizando por las oposiciones de la Junta.

En esta situación hay unos 500 trabajadores, casi una cuarta parte de la plantilla de la Diputación. La cifra es elevada, fruto del "abuso que se ha hecho del recurso a la temporalidad y del fraude de ley en la contratación", dicen. A diferencia de los profesores, en la Diputación no ha habido oposiciones periódicamente -se ha intentando, pero distintos recursos han terminado tumbándolas-, con lo que no han podido optar a las mismas. También subrayan que "no son enchufados".

La protesta coincidió con la aprobación de nuevas correcciones en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y trámites para regular el sistema de nombramiento de superior categoría. Esto no les afecta directamente, pero quisieron aprovechar la sesión para hacerse "visibles", ya que no cuentan con apoyo de sindicatos, que están negociando las condiciones y bases de esa oferta pública de empleo.

Fuentes del gobierno insistieron, por su parte, en que legalmente no se puede hacer otra cosa que convocar plazas por el sistema del concurso-oposición, en el que la experiencia y los méritos puntúen en parte. Los afectados reclaman que en la fase de concurso se tenga en cuenta la experiencia en cada plaza y lamentan que sólo se hayan sacado 200 de 500 puestos, con lo que los interinos competirán entre sí y con los nuevos opositores.

Durante el Pleno, el diputado de Empleado Público, Mario Martínez, defendió el trabajo para regular la plantilla de acuerdo con las nuevas necesidades. Cuando el PP le instó a poner "cordura" en la política de personal y a mirar en la sala lo que ocurría, los interinos comenzaron a aplaudir. El presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, les advirtió que respetaran las intervenciones. A partir de ahí, sólo movieron sus manos con el gesto de aplaudir en el leguaje de signos.

En la sesión, también exhibieron carteles reclamando más medios los bomberos del Aljarafe, dependientes de la Mancomunidad, aunque la moción que Participa Sevilla iba a defender sobre ellos se quedó sobre la mesa porque el diputado del grupo, Julián Moreno, se sintió indispuesto y tuvo que irse. Se debatirá en el próximo pleno.

Por otro lado, en la sesión se dio cuenta de las auditorías del plan de control financiero realizadas a sociedades y organismos autonómicos por parte de la empresa Ernst&Young. No se debatieron, pero la portavoz del PP, Virginia Pérez, alertó en el turno de ruegos de que, en el caso de Inpro y Sevilla Activa, los auditores han detectado anomalías en las contrataciones y en sus recomendaciones instan a "cumplir con la legalidad en materia de contrataciones", evitar que se fraccionen gastos para recurrir a procedimientos negociados y a que se "deje constancia" de las negociaciones en esos casos, que no constan en expedientes analizados del año 2015. Pérez reclamó que la Diputación fiscalice directamente estas contrataciones y que se informe si se han seguido estas recomendaciones y corregido ya.