"Hoy puedo decir que acaba el infierno"

A la lista de personas que han querido valorar y pronunciarse sobre la decisión del Tribunal Supremo de archivar la causa abierta contra el ex alcalde de Alcalá de Guadaíra Antonio Gutiérrez Limones, por el caso ACM, se ha sumado una de las que han sufrido más de cerca lo que conlleva ser familiar de un cargo público en estas circunstancias. Se trata de María José Correa, mujer del actual diputado y "alcaldesa consorte" de Alcalá durante 20 años, aunque están separados ahora, según aclara en un escrito que ha difundido por redes sociales, como una "catarsis" después de años de sufrimiento, según ha aclarado a este diario. En el texto en cuestión, Correa pone el acento, sobre todo, en el daño que no ya la investigación judicial, sino las acusaciones públicas que se han hecho han causado al entorno del ex edil: "Hoy puedo decir que han destrozado a una familia". Aunque también se muestra aliviada porque se "acaba el infierno", a la vez que defiende la figura de Limones. "Me siento muy orgullosa de haber convivido con la mejor persona y el mejor alcalde que ha tenido y tendrá Alcalá".

En el escrito recuerda que los dos eran técnicos de desarrollo cuando se conocieron y que fue la "gran vocación" de Limones de "ayudar a los demás" la que le hizo "meterse en política". "Hemos trabajado mucho y hemos dado lo mejor de nosotros", destaca sobre esa etapa. Sobre lo ocurrido con el caso ACM, acude a una frase del Winston Churchill para subrayar que los "peores enemigos" no están en la "bancada de enfrente" sino en las filas propias. "Así volvió a ocurrir, una concejala y su marido que lo único que le llevaba a estar en política era su ambición personal, pidieron un puesto de trabajo y más poder dentro del grupo", pero "la integridad de Antonio (Gutiérrez Limones) no la admitió".

Correa no da nombres, pero todo apunta a que se refiere a Laura Ballesteros, que durante el mandato pasado dejó el grupo socialista del Ayuntamiento y al gobierno local en minoría y que fue una de las personas que asistieron a la grabación de una conversación con el ex contable de ACM, en la que éste apuntaba irregularidades en la contabilidad y gastos para fines distintos de los de la sociedad, que dio origen al caso judicial. En su día, Ballesteros defendió que quedaba como no adscrita por la falta de aclaraciones y de renovación tras esas presuntas irregularidades.

En este sentido, Correa apunta a un supuesto montaje como origen del caso que, ya con Limones excluido por el Supremo, sigue instruyéndose en el juzgado número 2 de Alcalá de Guadaíra. "Su propia compañera de partido grabó una conversación falsa -insiste- acusándolo de malversación de fondos y prevaricación, grabación que fue usada por otros compañeros de partido y por la oposición para una campaña de acoso y derribo y acabar con la imagen de él". "Chorizo, cocainómano, adúltero... fueron los calificativos más suaves", relata María José Correa.

La ex pareja de Limones, que recuerda que se llegó a plantear dejar Alcalá de Guadaíra por las pintadas en su casa y para proteger a sus hijos, considera que se pretendía ganar así, "calumniando, vejando y alentando a la opinión pública", "lo que no lograban en las urnas, ni en la agrupación". "Hemos tenido que soportar el escarnio público, escraches, insultos y calumnias durante siete años, años que finalmente acabaron con todo: nuestra relación, la Alcaldía, las amistades. Hoy tras siete años, mis hijos salen a la calle con la cabeza muy alta y sin tener miedo a decir quiénes son sus padres. Hoy tras siete años de destrozos personales, la justicia archiva la denuncia con sobreseimiento por no encontrar ningún delito. Hoy, tras siete años de infierno, puedo decir que he vivido un maremoto injusto que ha destrozado todo lo que tenía". Aunque también apunta que, si volviera atrás, "volvería a hacer lo mismo".

El Supremo, que tomó declaración a Limones en vez del juzgado de Alcalá por su condición de diputado y aforado, ha estimado que no hay suficientes indicios de los delitos de malversación y prevaricación que se le atribuían, por un viaje familiar de 976 euros que, supuestamente, se facturó a la empresa por error y por no haber puesto más medios del Ayuntamiento para fiscalizar ACM y evitar las anomalías contables que se apuntan.