La Guardia Civil vigila al clan de Los Chorizos para impedir linchamientos

Poco más de 48 horas después de que las alarmas saltaran en Estepa por el asalto a las casas de una extensa familia, a la que los vecinos relacionan con una oleada de robos, la calma era todavía tensa este lunes. Muy tensa. El pueblo de 12.000 vecinos permaneció tomado por la Guardia Civil -se vigilaban las siete viviendas, toda la barriada de Los Poetas, las entradas desde la A-92, el centro- con decenas de agentes llegados de otros pueblos y de la Comandancia de Sevilla, que se coordinaron con la Policía Local, que tuvo en la calle a toda su plantilla, trece personas, el doble de lo habitual por turno, e incluidos cuatro funcionarios que han interrumpido sus vacaciones.

Y esa tensión quedó patente pronto. En cuanto se propagó, de nuevo por las redes sociales, que la Guardia Civil estaba llamando a declarar como imputados (en los mensajes se hablaba de detenidos) a las primeras personas que han sido identificadas por su participación en los actos vandálicos. Dos casas fueron incendiadas y hubo quienes se llevaron objetos que identificaron como propios. Un numeroso grupo de vecinos se apostó ante el cuartel para mostrarles su apoyo. Sobre las 15:00 llegaron a ser entre ochenta y cien. Hasta 14 patrullas participaro en el refuerzo de ese punto mientras que la indignación crecía: se profirieron gritos contra los cuerpos de seguridad y su despliegue, ahora, después de meses de robos. Tras disolverse inicialmente, un grupo de algo más de medio centenar de personas se concentraron de nuevo cuando las declaraciones se retomaron, entre las 17:30 y las 19:00, con menos tensión ya.

Según explicó la subdelegada del Gobierno en Sevilla, Felisa Panadero, toda la familia, conocida como los Chorizos, a los que se responsabiliza de los robos en comercios, viviendas y edificios públicos, sigue fuera del municipio. Fuentes municipales apuntaron a que incluso los abuelos y otros miembros "normalizados" del clan, contra los que no se dirigieron los manifestantes, tampoco están. Han querido evitar encontronazos.

Panadero precisó que el grupo, de unas 40 personas, está localizado en Puente Genil, en Córdoba, donde el domingo intentaron ocupar una casa que, tras la mediación de las fuerzas de seguridad, dejaron. Pero tienen a familiares -hay varios matrimonios con miembros de Puente Genil y Estepa- y se habrían quedado en la zona. Se les está haciendo un "seguimiento cercano" por parte la Guardia Civil y las policías locales para evitar que la mecha que se ha encendido en Estepa se extienda y pueda ser objeto de nuevos ataques o intentos de linchamiento.

De momento, no hay más detenciones de miembros el clan, ni de otras personas vinculadas a los robos. Pero un juez de Sevilla sí que ordenó este lunes el ingreso en prisión de los dos detenidos el domingo por la tarde, cuando viajaban en una furgoneta cerca de Sevilla. Según la subdelegada, en el vehículo se hallaron "objetos cuya procedencia no pudieron aclarar" y los detenidos tenían antecedentes. Otra mujer fue imputada de un delito contra la seguridad vial, porque conducía un Audi A-3 junto a la furgoneta con los puntos del carné agotados. También iba con ellos un menor. La delegada no quiso ser más precisa sobre la causa de la detención, pero la Guardia Civil aclaró que estos miembros de los Chorizos portaban un frigorífico, un sofá, colchones y muebles que habían sido robados ese mismo sábado de la protesta, en una casa en el campo, en Estepa.

Panadero dejó claro que la Subdelegación, como máxima responsable de la coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad en la provincia, no tenía "conocimiento" de que la situación de alarma social que existía en Estepa fuera tan "tremenda" y que ha hecho que estalle de la peor forma. "Son situaciones que se dan con frecuencia, en todos los pueblos hay épocas en las que aumentan los robos y el temor de la población", consideró. Pero insistió en los contactos con el gobierno local, en los que éste le advirtió del malestar ciudadano, fueron puntuales, como cuando se produjo el robo de cable en el Cerro de San Cristóbal, que dejó sin luz una de las zonas monumentales de Estepa. En aquella ocasión, en abril, la Guardia Civil detuvo a un miembro del clan cuando huía con la furgoneta llena con el material.

Pero el viernes, el Consistorio ya hablaba de "clamor popular" por los robos en el comunicado que emitió para pedir calma ante la manifestación convocada para el día siguiente por las redes sociales, tras la que desencadenó todo. La subdelegada asegura que la presencia de la Policía Local y la Guardia Civil, que acudió para advertir de la ilegalidad de la misma, no pudo evitar lo que ocurrió, pero evitó "males mayores".

Para hoy, Felisa Panadero ha citado en Sevilla al alcalde, Miguel Fernández Baena (PA); al máximo responsable del cuartel de la Guardia Civil en Estepa y al jefe de la Policía Local. La subdelegada quiere analizar en profundidad cómo ha se ha llegado a este punto, "hay que estudiarlo ver cómo se ha producido", dijo, y tomar las "medidas pertinentes con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con esta Subdelegación y el Ayuntamiento" para garantizar que las aguas vuelvan a su cauce. Aunque, en contra de la impresión de los vecinos, destacó que la Guardia Civil siempre ha tenido presencia en Estepa, ha realizado una gran labor, y puso el acento en la "separación de poderes" y en que no todas estas situaciones están en su mano.

El regidor volvió a ser objeto de reproches por parte de grupos de vecinos que le pidieron que se pronuncie a favor de los que están siendo imputados por los actos del sábado. Pero, en declaraciones a los medios, el edil andalucista, que gobierna con el apoyo del PP, insistió en que, comprendiendo el temor y la indignación por la sensación de indefensión, no puede justificar que nadie se tome la justicia por su mano. Calmados los ánimos y con una manifestación convocada legalmente en pro de la seguridad y contra la violencia, estaría dispuesto a secundarla. Los vecinos, en respuesta a las decenas de periodistas que se trasladaron a Estepa para seguir los sucesos, se mostraron más recelosos a hablar e insistieron en que no es un fenómeno de racismo -la familia de Los Chorizos es gitana-, que conviven con otros miembros de esa etnia y de otras, normalmente. Es un problema de delincuencia y de impunidad, aseveraron.