Frente por el empleo en la base militar

Los representantes de los trabajadores españoles en la base militar de EEUU en Morón tienen este miércoles, en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, una cita importante. Tras un primer aplazamiento, se verá la demanda contra el último Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó en septiembre a 66 trabajadores. Con los 119 que salieron en el ERE de 2010 y otros cinco despidos individuales, el personal español se ha reducido en un 35%, de 594 a 404, en tres años, desde que la empresa Vinnell Brown and Root (VBR) se hizo cargo, en septiembre de 2010, de los servicios que vienen prestando los españoles: los aeroportuarios, el mantenimiento de las instalaciones militares y otros auxiliares, como alojamiento y restauración. La demanda se basa en que es "incierto" que haya razones "productivas". En el primer semestre de 2013 el personal realizó 3.000 horas extras. Y en que ha habido "discriminación": sólo ha afectado a españoles y a un americano con contrato español, no a los 73 civiles americanos, contratados con la legislación de EEUU.

Pero, más allá de este último intento por tumbar un ERE que ha afectado a trabajadores con más de 17 años de vinculación a la base, el comité de empresa insiste en que hay una "estrategia" por ir sustituyendo a los trabajadores españoles, contratados con la legislación del país -el beneficio que tiene para la comarca albergar una base, con la cesión de soberanía que conlleva- por personal militar o civiles, la mayoría también ex militares, estadounidenses, que no cotizan en España. A EEUU le interesa. Ahora tiene a menos personal en conflictos y le conviene emplearlos en sus bases por todo el mundo. Como ejemplo, recuerdan que antes del último ERE, en abril de 2013, España autorizó por un año el despliegue en Morón de 550 infantes de Marina y ocho aeronaves, como fuerza de respuesta rápida a la crisis en el norte de África. Fue la primera vez que no se tradujo en más contrataciones.

Es lo que justifica la intensa campaña en la que el comité de empresa no ha cejado en estos meses, con reuniones con responsables políticos de la comarca, a nivel autonómico y estatal, en un intento frenar esas supuestas intenciones y los nuevos despidos que, están convencidos, llegarán. El presidente del comité, José Armando Rodríguez, ha enviado cartas al embajador estadounidense. A instancia del comité, el Parlamento andaluz aprobó en octubre una declaración institucional, firmada por el PSOE, el PP e IU, de apoyo, que instaba a su vez al Ministerio de Defensa y al Congreso de los Diputados a "velar" por el empleo en la base aérea, "haciendo uso, si es necesario, del acuerdo de cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos", según recogía el texto.

Se han reunido con el Defensor del Pueblo y se han presentado hasta dos preguntas en el Senado y el Congreso, en el que el Gobierno ha venido a decir -lamentan desde el comité- que se trata de un conflicto laboral en una empresa en el que tienen poco margen de acción. En el Congreso, hay pendiente una proposición no de ley que ha presentado el PSOE y que, previsiblemente se debatirá en febrero, más o menos cuando está previsto que se conozca la sentencia sobre el ERE que este miércoles se juzga en Sevilla.

En el texto de la misma se recuerdan los datos concretos que alimentan la incertidumbre en estas comarcas de la Campiña -aunque con el nombre de Morón, la base está íntegramente en el término de Arahal- y de la Sierra Sur sevillanas, con un alto índice de desempleo y con pocas alternativas laborales. El contrato con VBR vence a finales de este año y entre las condiciones de la nueva licitación, publicadas en la web de las Fuerzas Aéreas de EEUU, se ha recogido que se deben excluir a los trabajadores que ahora trabajan en tres de los departamentos que presenta servicios en la pista de vuelo (combustibles, terminal aéreo y parque móvil). Los trabajadores recuerdan también en esa web se publicó la necesidad de que VBR despidiera incluso antes a 144 trabajadores, cuyos nombres y apellidos fueron publicados incluso. "Es imprescindible", defiende la proposición que se hace eco de la reclamación de toda al comarca, que esa colaboración en materia defensiva entre España y EEUU, "siga comportando el mutuo beneficio, que ha de materializarse, entre otras, en unas ineludibles contraprestaciones en el ámbito laboral, mediante la creación de empleo duradero y de calidad" y aboga incluso por revisar el convenio de colaboración, incluyendo un "cupo mínimo" de trabajadores españoles que deben emplear el concesionario de los servicios de la base de uso conjunto.