La Fiscalía avala el volcado y entrega a la Guardia Civil de miles de correos de altos cargos

La Fiscalía de Sevilla ha avalado la decisión de la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, de volcar y entregar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de los miles de correos intervenidos a tres altos cargos y doce funcionarios de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, al estimar que esta diligencia "no es ni indiscriminada ni innecesaria, ni supone el inicio de una investigación prospectiva".

Para el Ministerio Público la medida no es indiscriminada puesto que "afecta única y exclusivamente a los correos electrónicos habidos entre los años 2013 y 2016 y que además hagan referencia al concurso y adjudicación de las actividades extractivas de los recursos existentes en la reserva minera de Aznalcóllar". Y tampoco es innecesaria ni supone comenzar una investigación prospectiva porque "lo que aquí se investiga es un presunto delito de prevaricación en el que supuestamente hubieran podido incurrir los empleados públicos que conformaron la mesa de contratación y la comisión técnica del concurso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar".

Dice la Fiscalía que lo que se pretende es tener acceso a los correos electrónicos almacenados en los servidores informáticos, "abiertos ya por tanto por su destinatario y que además se refieran única y exclusivamente a los aspectos que puedan ser relevantes para la presente investigación en curso".

Además, el Ministerio Público recuerda que tanto el Tribunal Constitucional como la Sala de lo Social del Supremo entienden que "no existe vulneración de la intimidad ni del derecho al secreto de las comunicaciones del empleado por cuanto se trata de un correo corporativo para el cual el Estatuto de los Trabajadores permite dicho control [por el empresario], con el fin de verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales".

Para la Fiscalía, "no puede discutirse la legitimidad de la diligencia acordada por la magistrada en un auto motivado y razonado, y que consiste en acceder a los correos electrónicos de los empleados públicos denunciados que se encuentran almacenados en los servidores informáticos" de Sandetel. La fiscal hace hincapié en que se trata de direcciones de correos "corporativas, en las cuales no puede haber misivas o mensajes privados o particulares, sino únicamente correos relativos al trabajo del empleo público".

La Fiscalía señala que el acceso a los correos electrónicos de los empleados públicos exceda de lo inicialmente encomendado a la UCO "no puede afectar ni a la legalidad ni a la pertinencia de la diligencia acordada, pues la magistrada en su resolución funda la necesidad de la misma en los hasta cinco encuentros que relata pormenorizadamente y que presuntamente tuvieron lugar a lo largo de los años 2013 y 2014 entre altos cargos de la dirección general de Minas y directivos de Emerita Resource España y de éstos con uno de los administradores del grupo empresarial al que pertenece Minorbis, amén de supuestas llamadas telefónicas entre los mismos". Y añade que la juez considera que esta diligencia es "imprescindible" apara averiguar si hubiera habido algún tipo de apoyo o indicación institucional desde la administración autonómica, previo y/o paralelo al discurrir del concurso.

La fiscal considera "cuando menos resulta llamativo la aceptación por una compañía licitadora o que va a serlo; o la asistencia de empleados públicos a una reunión en las sedes de las compañías licitadoras o que pudieran serlo".

Un agente de la Guardia Civil se personó el pasado 20 de febrero en el juzgado para proceder al volcado del disco duro de 2 terabytes que contiene la información recopilada en la Consejería de Empleo el pasado 23 de enero, pero la juez decidió suspender la entrega de los datos.

En un acta levantada ante la comparecencia, a la que assistieron además los defensores de varios de los funcionarios investigados, la juez explicó que "no se ha podido resolver sobre la petición de suspensión formulada, al encontrarse las actuaciones en Fiscalía", por lo que ha acordado, “por razones de seguridad jurídica” acceder a la solicitud de suspensión de la diligencia señalada, a la espera de lo que se resuelva por su señoría.

Varias defensas de los investigados, entre ellas la viceconsejera de Empleo, María José Asensio, recurrieron la decisión de la juez de entregar todos los correos a la Guardia Civil. La defensa de Asensio pidió al juzgado expresamente que se suspendiera el volcado de los correos, al entender que podría causar "irreparables perjuicios" y la vulneración de derechos fundamentales con una investigación que considera "prospectiva". Otras defensas también habían pedido la suspensión del acto del volcado porque no se habían resuelto los recursos presentados.