La Fiscalía pide cárcel por almacenar residuos peligrosos en un vertedero

Alcalá de guadaíra/La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla ha solicitado una condena de seis meses de prisión y el pago de una multa de 3.600 euros para el responsable de una empresa que gestiona un depósito de residuos inertes en Alcalá de Guadaíra, por almacenar en el mismo "sin control alguno" residuos peligrosos como envases de pinturas, electrodomésticos o filtros de aceite.

El escrito de acusación presentado por el Ministerio Público relata que el acusado, F. S. R., como responsable de la empresa Elixur, explotaba con licencia municipal desde 1998 un depósito de residuos inertes en la zona conocida como Andrada Baja. La acumulación de los residuos peligrosos, señala el fiscal, se produce desde 2006, con el consiguiente "almacenamiento de sustancias nocivas y peligrosas para el medio ambiente".

La actuación de la empresa fue detectada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que realizó varias inspecciones en febrero de ese mismo año, tras la denuncia de un particular. En esas inspecciones, la Guardia Civil constató que en el depósito se almacenaban envases de pinturas y disolventes, filtros de aceite de vehículos pesados, piezas metálicas, restos de electrodomésticos, restos de pinturas en estado líquido, y así como de podas, jardinería y otros residuos. Estas sustancias, recuerda la acusación pública, no son admisibles en un vertedero de inertes, puesto que, según puso de manifiesto un informe de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, se trata de residuos peligrosos que "provocan una afección medioambiental importante, ya que las instalaciones no tienen las infraestructuras adecuadas para ese tipo de residuos".

Medio Ambiente concluye que existe un "elevado grado de posibilidades de que los residuos peligrosos se escapen del vertedero, produciendo una contaminación por metales pesados y compuestos químicos en el terreno y por incorporación a la cadena biótica, con el correspondiente peligro para la salud y el entorno próximo".

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra el medio ambiente, por el que reclama para el acusado una condena de seis meses de prisión y multa de 3.600 euros, además de que proceda a limpiar el vertedero de las sustancias peligrosas.