La FAMP reclama un cambio legislativo rápido

El presidente de la Diputación de Sevilla y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, reclamó ayer al Gobierno central que tome la iniciativa y eleve cuanto antes al Congreso una reforma de los artículos de la Ley de Haciendas Locales sobre la plusvalía afectados por la declaración de inconstitucionalidad. Es urgente para salir de la "situación de inseguridad jurídica" creada y que afecta a tres colectivos, dijo.

Por lado, están los contribuyentes, que no saben si tienen que pagar o no el impuesto. De hecho y según expertos en la gestión de impuestos locales, de momento y hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la ley estatal o se aborde un cambio legislativo, consideran que deben seguir tramitándolo. Pero la incertidumbre también afecta a estos "órganos gestores", según Villalobos, que desconocen las consecuencias que tendrá lo que hagan. Y, en tercer lugar, afecta a los ayuntamientos, que no saben la repercusión que tendrá no contar con esos ingresos, aunque asegura desconocer en cuánto mermarán sus recursos a partir de ahora.

"El Gobierno debe tomar la iniciativa, adelantarse a los acontecimientos y proponer en Cortes la reforma de la los artículos de la Ley de Haciendas Locales que se verán afectados", reiteró. A la vez, Villalobos insistió en la idea de que eso debe ir acompañado de un nuevo marco de financiación "suficiente, estable y de consenso" para los ayuntamientos, que garantice su solvencia económica en función de los servicios reales que prestan y que los alcaldes llevan décadas reclamando.

Villalobos también ha insistido en que, pese a esa merma de ingresos para los ayuntamientos, la sentencia del Constitucional lo que hace es "aplicar el sentido común". "Cobrar plusvalías por algo que nos ha costado el dinero vendiéndolo por menos de por lo que fue adquirido no es un sistema tributario justo y, por tanto, los tribunales se han aliado con los intereses de los ciudadanos, que es el mismo lugar en el que siempre están los ayuntamientos, al lado de sus vecinos".

Los ayuntamientos esperan una oleada de reclamaciones, que también podrían terminar en los juzgados en algunos casos. Algunas organizaciones de consumidores han apuntado que cada afectado por estos cobros de plusvalía con pérdidas ha desembolsado, de media, unos 6.000 euros y piden a los ayuntamientos que actúen de oficio en la devolución.