Expulsan del pleno a la portavoz del PP en una sesión marcada por la condena de la alcaldesa

El Ayuntamiento de Aguadulce, gobernado por la socialista Isabel Ortiz, celebró el pasado jueves un pleno de carácter extraordinario marcado por un gesto de los concejales de IU-CA para reclamar la "dimisión" de la alcaldesa, a cuenta de su condena por un delito contra la ordenación del territorio, y la "expulsión" de la portavoz del PP después de haber anunciado ella una impugnación de la sesión debido a un incumplimiento del Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

El pleno en cuestión había sido convocado para tomar conocimiento del desembarco en la Corporación de un nuevo concejal del Grupo socialista, extremo derivado de la reciente renuncia de José Antonio Reyes a su acta de concejal por motivos profesionales. No obstante, y según ha informado Jesús González Sánchez, portavoz municipal de IU-CA, los concejales de la federación de izquierdas aprovecharon esta sesión extraordinaria para mostrar unos carteles cuya leyenda reclamaba la dimisión de la alcaldesa al haber sido condenada a ocho años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público y al pago de una multa de 4.050 euros, por un delito contra la ordenación del territorio.

"No se llegó a debatir nada, pero nosotros mostramos los carteles justo antes de la celebración del pleno", ha explicado recordando que IU-CA ha reclamado la celebración de un pleno monográfico sobre la condena de la alcaldesa. Isabel Victoria Márquez, portavoz del PP, ha señalado que la alcaldesa le "expulsó" del pleno después de que ella anunciase que impugnaría la sesión al no haber sido convocada conforme a las determinaciones del Reglamento de Organización y Funciones.

"Fue un pleno tenso. La alcaldesa me expulsó sólo por decir que impugnaría la sesión. Yo le contesté que no tengo nada que hablar con una condenada", ha dicho en cuanto al incidente.

Los hechos

En la sentencia, el juez pone de manifiesto que, en el presente caso, "el incumplimiento de la normativa urbanística resulta indiscutible", pues la alcaldesa de Aguadulce otorgó la licencia "de modo flagrante y patentemente arbitrario, con un olvido completo de la función pública urbanística y bajo un concepto mercantilista y pretendidamente social de la misma, en el mejor de los casos, que está por completo proscrito del ordenamiento urbanístico" español.

"Es patente que la concesión de la licencia está fuera de la dinámica legal y reglamentaria, y que se hace a persona vinculada de forma especial con la acusada, pues es un hecho cierto y reconocido que el beneficiario era el que poco después fue compañero de candidatura y concejal de la Corporación", prosigue la sentencia, que añade que la alcaldesa era conocedora "de estar actuando en total discordancia con la norma cuyo cumplimiento era ella la primera obligada a cumplir y hacer cumplir".

Las diligencias contra la alcaldesa se incoaron después de la querella interpuesta por la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, que en el acto del juicio oral solicitó para la acusada nueve meses de prisión y ocho años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, mientras que la acusación popular pidió un año de cárcel y diez años de inhabilitación. De su lado, la abogada de la procesada solicitó la libre absolución.