Polémica por la intención de El Rubio de reforzar la vigilancia por el Covid-19 con seguridad privada

El alcalde de El Rubio, Rafael de la Fe, ha anunciado la intención municipal de contar con seguridad privada como apoyo a la Policía Local para poder velar de forma efectiva por el cumplimiento de las medidas decretadas en el actual estado de alarma para frenar los contagios de Covid. Según el regidor, se trata de una solicitud que se ha hecho llegar a la Subdelegación del Gobierno central en Sevilla y al subdelegado, Carlos Toscano, de cuya respuesta está pendiente.

No obstante, la Junta de Andalucía ya le habría hecho llegar su desacuerdo. El PP de Sevilla, por su parte, ha emitido un comunicado en el que anuncia que denunciará ante la Justicia ese hipotético uso de seguridad privada para "vigilar y sancionar a enfermos de Covid-19", que considera una "vulneración de derechos fundamentales", tanto en El Rubio como en otros municipios en los que se contemple.

También insta al subdelegado del Gobierno a aclarar si lo está permitiendo. En este sentido, cita el precedente de Marchena. La formación señala que es ilegal que estos trabajadores dispongan de datos personales privados, que sólo pueden manejar las autoridades competentes.

De la Fe ha insistido que este personal de empresas de seguridad privada actuarán "dentro de la legalidad" y sin invadir competencias de la Policía Local, con la que se ha consultado. Pero la plantilla es insuficiente, con solo dos agentes, sobre todo ahora que deben hacer seguimiento de las personas contagiadas de Covid-19 y que deben hacer cuarentena. El Ayuntamiento quiere contar con otros dos vigilantes privados contratados.

En este sentido, en un comunicado dirigido a la población, ha señalado que el martes llegaron los primeros datos al jefe de la Policía Local, según el protocolo firmado entre la Famp y la Junta, si bien los datos no están actualizados y están esperando a ello.

En declaraciones a Europa Press, Rafael de la Fe ha señalado que en caso de obtener permisos, esos vigilantes se centrarían parques y espacios públicos, para garantizar el uso correcto de la mascarilla y la distancia social, "así como asegurar el confinamiento domiciliario", ante el empeoramiento de la situación epidemiológica en la Sierra Sur. Según sus datos, habría otros municipios que ya han tomado o estudian la iniciativa.

Con 42 casos activos en una población de 3.405 habitantes, la tasa de incidencia supera ya los 2.200 casos por cada 100.000 habitantes. El Ayuntamiento ha tomado todas las medidas que podía tomar dentro de sus competencias para reducir la actividad en el municipio e intentar frenar la propagación.