La Diputación reitera que no hay irregularidades en los expedientes

Un día después de que la Diputación de Sevilla se viera de nuevo sobresaltada por la presencia de la Guardia Civil con una orden de registro en un despacho y la detención, en este caso, de un funcionario jefe del servicio de carreteras y su predecesor, ya jubilado, el presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, ofreció información a los suyos primero en una junta de portavoces y luego en una comisión de gobierno extraordinaria, en las que se reiteró lo que ya se había dicho el día anterior: que, cuando por primera vez, el nombre de Carlos Podio, que ha sido destituido y al que se la he abierto un expediente disciplinario ahora, salió a colación en las declaraciones de la operación Madeja, ya se revisaron los expedientes que tenían que ver con Fitonovo, la empresa de la que supuestamente procedían las mordidas. Nada irregular se encontró, teniendo en cuenta que el proceso que se sigue para contratar los trabajos de conservación de carreteras de los que, al parecer, se pretendía beneficiar la empresa son "interdepartamentales", pasan de un área a otra y por Secretaría, en varios momentos, como dice la normativa.

Con respecto a la actuación policial, se especificó que mucha de la documentación que demandó la Guardia Civil es de varios años, de hace bastantes en algunos casos, y no toda está en soporte digital, sino en otros archivos, incluso en el Cortijo de Cuarto. Sobre la marcha, se pidió que se ampliara el auto para que la Policía Judicial pudiera reunirla el martes, cuando el registro se prolongó hasta las nueve de la noche, sin tener que continuar otro día. La Guardia Civil se llevó el ordenador de Podio y solicitó también el registro de correos electrónicos de los Servicios Centrales, por si se hubiera procedido al borrado de algunos.

Al parecer, el gobierno socialista, aunque reiteró su voluntad de colaborar con la justicia, habría manifestado además cierto malestar por que se pusiera en la Diputación de Sevilla el foco de una operación prácticamente de escala nacional. Sigue estudiando, por otro lado, personarse en la causa para mantenerse informado y evitar, entre otras cosas, una mala imagen de la casa.

El PP solicitó tener acceso a todo el expediente informativo que se abrió en el área de Carreteras y exigió que se llegue hasta el final para "aclarar y limpiar de sospechas la gestión de la Diputación", en palabras del portavoz, Eloy Carmona, quien abogó, por "reforzar las medidas legales contra la corrupción ante la creciente demanda ciudadana". El andalucista Alberto Mercado, que habló por teléfono con el portavoz, Manuel Domínguez, porque no pudo asistir a la junta de portavoces, se mostró satisfecho con las explicaciones y consideró que, este caso, al tratarse de un funcionario y no de un cargo de confianza, la valoración política es diferente. Consciente de que es difícil controlar a una plantilla de más de 2.000 personas, abogó por aumentar al máximo las medidas de control.