La Diputación insta al Estado a incluir a la Iglesia en el pago del IBI

El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido en sesión ordinaria, ha instado al Gobierno central y a las Cortes Generales a emprender "el proceso legislativo oportuno" para que sea suprimida la exención de la que gozan la Iglesia católica y "el resto de confesiones" religiosas por lo que al impuesto sobre los bienes inmuebles (IBI) se refiere. La moción, elevada a debate por los diputados de IU-CA, ha contado con el voto favorable del grupo socialista, mientras el PP ha votado en contra y el PA se ha abstenido.

La moción ha sido defendida por la diputada de la federación de izquierdas Engracia Rivera. En concreto, esta propuesta recogida contempla la eliminación de esta exención a través de una modificación de la Ley de Haciendas Locales, incluyendo en esta medida a "todas las organizaciones, centros de enseñanza y actividades" de la Iglesia católica y de las demás confesiones religiosas. Igualmente, la propuesta aprobada insta al Gobierno central y a las Cortes Generales a derogar los acuerdos firmados entre España y la Santa Sede, reclamando, por igual, al resto de las administraciones públicas, la eliminación de "cualquier privilegio o exención fiscal" de la que disfruten la Iglesia católica o el resto de confesiones.

"Es una cuestión de justicia social. Hay que eliminar estos injustos y anacrónicos privilegios", ha manifestado Rivera, toda vez que la moción critica el "paraíso fiscal" del que goza la Iglesia en España mientras dos reales decretos de 2011 imponen a los ayuntamientos incrementos del IBI de entre el cuatro y el diez por ciento con efecto directo sobre los contribuyentes. En ese sentido, Rivera ha avisado del fuerte esfuerzo fiscal al que están siendo sometidos los contribuyentes a cuenta de la dificilísima situación económica que atraviesa España.

El portavoz del Grupo popular, Eloy Carmona, ha lamentado por su parte las "estridencias ideológicas" de IU-CA y ha reclamado la retirada de la propuesta, avisando del "vigor y rigor" de los acuerdos rubricados entre España y la Santa Sede. Carmona ha defendido que en 2011, la Iglesia católica atendió en la provincia de Sevilla a 71.400 familias y a más de 1.500 inmigrantes, avisando de que la propuesta defendida por IU-CA, y finalmente aprobada por la Corporación provincial, constituye "un auténtico atentado" contra los artículos 14 y 16 de la Constitución Española, relativos a derechos fundamentales en materia de igualdad ante la Ley y de libertad ideológica, religiosa y de culto.

Manuel Domínguez, portavoz del grupo socialista, ha defendido por su parte la necesidad de crear un régimen fiscal "proporcional" para que "todos contribuyamos" a superar la crisis "compartiendo los esfuerzos", aunque ha diferido de que "se haga una aplicación extensiva" de la moción propuesta por IU-CA, en una velada alusión al papel de algunas organizaciones caritativas asociadas a la Iglesia Católica. El propio presidente de la Diputación, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, ha avisado de los matices de "la propuesta de los rojillos" y ha diferenciado las responsabilidades fiscales que habrían de pesar sobre los distintos estamentos de "la estructura eclesiástica".

No obstante, el Grupo de diputados de IU-CA no ha admitido enmiendas a su propuesta y, elevada ésta a debate en su contenido íntegro, ha prosperado gracias al respaldo de los parlamentarios de la federación de izquierdas y del grupo socialista, toda vez que el grupo popular ha votado en contra y el único diputado andalucista se ha abstenido.