La Diputación de Sevilla prevé prestar al Estado unos 260 millones de euros
La operación, con un dinero ahora inmovilizado en los bancos, implica invertir o destinar a programas en la provincia unos 148 millones en dos años
Villalobos insiste en que la posibilidad de usar estos fondos llega cuando más falta hace después de 8 años de la Ley Montoro
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha cifrado este viernes en unos 258 millones de euros el remanente que la institución podría trasladar al Tesoro Público (prestar al Estado en momentos de dificultad y costes sociales disparados), en virtud del Real Decreto 27/2020 del Gobierno de Pedro Sánchez, con el que se pretende que las entidades locales faciliten el dinero ahorrado que ahora no pueden utilizar por la Ley de Estabilidad Presupuestaria a cambio del compromiso de reembolso y el aval para gastarlo después.
La cifra es menor de la que se ha venido barajando, de unos 400 millones de euros, dado que de ese remanente general de la Diputación a cierre de 2019 hay que restar distintos conceptos: desde financiación afectada por subvenciones que tienen un destino concreto hasta saldos de dudoso cobro.
Aún así, Villalobos ha vuelto a poner el acento en las ventajas que para el conjunto de la provincia a través de la Diputación y para las entidades locales tiene la iniciativa y que llega cuando más hace falta. En concreto, supondrá que se generen 148 millones de inversiones y partidas diversas entre 2020 y 2021 frente a los 15,4 autorizados ahora a la Diputación con parte de esos fondos. En este sentido, considera que las críticas de los alcaldes del PP -que tachan de "chantaje" el que la flexibilidad que reclamaban para usar ese dinero llegue ahora condicionada a que accedan a prestarlo- "es más una movida política". "No creo que ningún ayuntamiento gobernado por el PP desprecie las cantidades", ha reiterado.
Hasta el 15 de septiembre para adherirse
El Real Decreto 27/2020 de 4 de agosto de medidas financieras de carácter extraordinario y urgente aplicables a las entidades locales debe ser todavía ratificado en el Congreso de los Diputados, donde se espera el apoyo de Podemos que, sin embargo, se abstuvo en la votación previa del acuerdo en la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). En ese debate, se podrían limar algunos aspectos. Según está previsto, los alcaldes o presidentes de diputaciones tienen hasta el 15 de septiembre para adherirse por resolución a la iniciativa e informar de lo que van a aportar (en principio, el remanente para gastos generales del que dispongan). El Estado debe contestar a su vez en un mes como máximo.
Villalobos ha destacado que lo importante es que unos recursos que ahora están en los bancos se pondrán en carga. En el caso de la Diputación, la devolución en diez años del Estado supondrá 28 millones de ingresos por ejercicio, a partir de 2022, que podrán usarse sin las limitaciones actuales, en programas para todos los municipios de la provincia, puesto que por lo que se sabe hasta ahora de la medida incluso las entidades locales que no se adhieran podrán beneficiarse de los fondos que se distribuirán a través de la Diputación. Esa es, al menos, la intención de la Diputación.
Al margen de ello, el Estado se ha comprometido también a ingresar entre este mismo año y el próximo hasta 5.000 millones de euros adicionales a las entidades locales que se adhieran al plan. A cada municipio corresponderá una cantidad que será como mínimo de un 35% de los fondos que presten y de la que el 40% se abonaría a finales de este mismo año y el 60% en 2021. En el caso de la Diputación de Sevilla, sería una inyección de 90,5 millones en dos anualidades.
Va a suponer "una gran inversión, inédita en el nuestro territorio provincial", ha insistido Villalobos, quien ha recordado que la Ley Montoro -por el ministro del PP que la impulsó tras la modificación de la constitución para que el pago de la deuda fuera prioritario para las entidades locales- impide desde hace ocho años que ayuntamientos y diputaciones aumenten sus presupuestos, pese a tener ahorrado, por encima del techo de gasto que fija el Estado. "¿Por qué el PP se opone ahora a revertir esa situación?", se ha preguntado
Ha aportado más datos. Si la Diputación presta esos 258 millones de euros, podrá sacar también un Plan Supera VIII, con el superávit de 2019, cuyo uso también se contempla en el decreto: son 41,6 millones de euros, cuando ahora de ese fondo sólo tienen destino 11,4 millones para políticos sociales (el 20%) y otros 3,9 para adquirir vehículos eléctricos (el 7%), lo único autorizado.
Al margen de ello, Villalobos ha recordado que el decreto prorroga también los plazos para ejecutar el Plan Supera VII, cuyas obras sufrieron un parón durante el confinamiento, por otros 32 millones de euros.
Los ayuntamientos también estaban pendientes de si este año iban a recibir las mismas cantidades de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE) previstas, teniendo en cuenta que ha caído la recuadación. Con el decreto se ha confirmado que no habrá disminución.
El decreto también abre la puerta a nuevas medidas de apoyo a los ayuntamientos que están en una situación de riesgo financiero, sin remanentes en sus cuentas, con nuevas líneas de préstamos y la posibilidad de revisar los préstamos que tienen del Estado para encarar su situación, así como la posibilidad de afrontar con ellos también deudas con Hacienda y la Seguridad Social, revisar planes de pago a proveedores y convertir deudas de corto a largo plazo.
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