El Consistorio reserva 200.000 euros para tirar la Escuela de Hostelería

El Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán dará este martes -un año después de que el Supremo confirmara la sentencia del TSJA que en 2012 declaró ilegal el edificio de lo que iba a ser Escuela de Hostelería- un paso en firme para la demolición. Según ha confirmado el alcalde, Tasio Oliver (IU), en el orden del día del Pleno se incluye una modificación para detraer de otras partidas del presupuesto 207.000 euros que, según se estima, son necesarios para el derribo. Éste sólo está pendiente ya del proyecto técnico -se dará cuenta de una resolución para pedir a la Diputación que lo redacte- y de que las obras se adjudiquen. De todo ello se informará al TSJA, que ha exigido datos al Consistorio sobre cómo ejecutar el fallo.

El regidor no da plazos, pero éstos no podrán demorarse. En los autos y providencias del TSJA que se han sucedido en estos meses (en respuesta a las aclaraciones que pidió el anterior gobierno socialista) se deja claro que no caben alternativas ni dilaciones. En el último escrito, del mes de octubre, el TSJA rechaza incluso la "apertura de un expediente de reposición de la realidad física alterada", con la que el anterior gobierno respondió a las exigencias y urge a la demolición. La escuela se comenzó a edificar, con fondos de la Junta, sobre unos suelos calificados en las normas urbanísticas de Castilleja de Guzmán como zona verde. La modificación de los usos posibles en el suelo se hizo ya a posteriori, cuando los vecinos se quejaron y denunciaron públicamente el caso. La Justicia ha dictaminado que ese cambio urbanístico no se ajustó a derecho.

Oliver, alcalde desde junio de 2015, ha admitido que lo ocurrido es lamentable: en la escuela, que iba a gestionar un consorcio en el que participan en el Ayuntamiento, la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo del Aljarafe y la Consejería de Empleo, se han invertido más de tres millones de euros que se reducirán a escombros. En estos años se han cometido "errores de bulto", el caso se ha "peleado fatal y defendido peor", admitió. La denuncia de los vecinos de la urbanización el Mirador de Sevilla -delante del edificio- se produjo cuando las obras se iniciaron y, en principio, se dirigieron al Ayuntamiento, a la Junta y al Defensor del Pueblo Andaluz, en 2009. Se podría haber "hablado" o "modificado" el proyecto entonces. Luego, llegó la modificación de la clasificación del suelo, de espacio verde a Suelo de Interés Público y Social, algo a lo que en su día, como portavoz de IU, se opuso en el Pleno. Fue esa modificación, avalada por la Junta, la que los vecinos denunciaron en 2010 y el TSJA les dio la razón en 2012. Eso sí, el tribunal rechazó la suspensión cautelar de la obra que, a diferencia de lo que ocurrió con el precedente de la Biblioteca del Prado, en Sevillla, siguió adelante. El nuevo alcalde considera que también fue un error que el Ayuntamiento de Castilleja no se personara en el recurso ante el Supremo, al que sólo acudió la Junta, lo que ha limitado el margen de acción del Consistorio ahora, a pesar de que es el que tiene ejecutar y asumir los costes de la demolición. Oliver insiste en que, pese a todo, el Ayuntamiento saldrá adelante.

El dinero para el derribo se sacará ahora de partidas que, teniendo en cuenta que el presupuesto está prorrogado, no se habían ejecutado y se espera una rebaja en la adjudicación. El gobierno ha solicitado reunirse con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y está en contacto con la Mancomunidad.