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Buscan a una banda de ladrones de viviendas que actúa en el Aljarafe

El Consistorio recurrirá el fallo que obliga a tirar la escuela de hostelería

El TSJA considera nulo el acuerdo de la Junta y el Ayuntamiento para legalizar el edificio a posteriori · Las obras están ya en su última fase, con 3 millones de euros invertidos

El alcalde, a la derecha de la imagen, con la ex delegada de la Junta.
Trinidad Perdiguero

16 de mayo 2012 - 05:01

El alcalde de Castilleja de Guzmán, Carmelo Ceba (PSOE), se mostró ayer sorprendido por una sentencia del TSJA que ha dado la razón a un grupo de 21 vecinos de la urbanización el Mirador de Sevilla y ha concluido que la escuela de hostelería, en la que la Junta ha invertido ya casi tres millones de euros, debe ser demolida, ya que se levanta sobre unos suelos destinados a espacios libres y zonas verdes, cuya calificación se modificó a Suelo de Interés Público y Social (SIPS) a raíz de las primeras denuncias de los vecinos. El TSJA considera que dicho acuerdo para legalizarla a posteriori es nulo de pleno derecho. La modificación obtuvo el beneplácito de la Junta de Andalucía, que comparte condena con el Ayuntamiento de municipio.

Es un fallo, destaca la abogada Lourdes Carballo, muy similar al de la biblioteca de la Universidad de Sevilla, prevista en el Prado de San Sebastián de la capital, con la salvedad de que al ser los denunciantes un pequeño grupo de personas, dice, las solicitudes para que las obras se paralizaran de forma cautelar fueron desestimadas. La construcción se inició el año 2008. La denuncia ante el TSJA se puso en 2010. En estos años las obras no han parado.

La sentencia emitida por la Sección Segunda de Sala de lo Contencioso-Administrativo puede ser recurrida en el plazo de diez días ante el Tribunal Supremo y, según avanzó Ceba, la intención de la Junta y del Ayuntamiento es hacerlo, en tanto que entienden que las cosas se hicieron correctamente. Este recurso conllevaría que la resolución del conflicto tardara bastantes años más. El Ayuntamiento defendió, desde el principio, que pese a que la parcela sólo admitía instalaciones deportivas, quioscos, bares y equipamientos también al aire libre, con un máximo de ocupación de 238 metros podría albergar un edificio de este tipo, en tanto que es de interés público y para usos docentes, aunque también incluye un bar restaurante, dado el carácter del centro. Ocupa unos 3.000 metros y otros tantos las instalaciones deportivas, el 49% de la parcela en total. En marzo de 2009 se inició la modificación de la calificación con el único voto contrario en el Pleno de IU. Posteriormente, fue avalada por la Junta. El regidor subrayó ayer que todos los informes técnicos fueron favorables, incluido el del Consejo Consultivo de Andalucía. Poniéndose en el peor de los casos y admitiendo que no había tenido ocasión de analizar todavía el fallo del TSJA, Carmelo Ceba recordó las posibilidades que se han abierto con el reciente decreto de la Junta para regular las construcciones sobre suelos rústicos, que cree que podría aplicarse también en este caso.

"Si nadie se plantea demoler 20.000 viviendas ilegales en Marbella, no tiene sentido que se tenga que tirar una escuela de hostelería, con inversión pública, para formar a jóvenes y con repercusión en toda la comarca", dijo, y subrayó que el 97% de los vecinos de Castilleja apoyan el inmueble, frente a la minoría que se opuso al mismo desde que se iniciaron las obras.

En su momento, muchos de los vecinos del Mirador de Sevilla, un balcón natural del Aljarafe, explicaron que adquirieron estos inmuebles por sus vistas y porque delante de la urbanización, de 270 casas, las Normas Urbanísticas de Castilleja contemplaban zonas verdes y espacios libres.

Por su parte, el actual presidente de la Mancomunidad de Municipios para el Desarrollo y Fomento del Aljarafe, el alcalde camero Rafael Recio, explicó que el fallo les coge en medio, en tanto que este organismo sólo se está encargando de la gestión de las obras, desde el año 2007, aunque toda la financiación, que suma hasta el momento tres millones de euros, dijo, procede de la Consejería de Empleo.

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