Condena de un año de prisión a tres directivos de Cobre Las Cruces por contaminar un acuífero

Tres directivos de la mina Cobre Las Cruces han sido condenados este lunes a un año de prisión por haber contaminado el acuífero Niebla-Posadas, hechos por los que también han pagado una multa de 6.750 euros, y la compañía además ha indemnizado al Estado con 293.209,6 euros por los daños causados al dominio público.

El juicio debía comenzar este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, pero la Fiscalía y la acusación popular que ejerce la asociación Ecologistas en Acción han alcanzado un acuerdo con las defensas, lo que ha permitido rebajar la petición inicial de condena del Ministerio Público, que solicitaba hasta cinco años y medio de cárcel para los tres acusados por delitos contra el Medio Ambiente y daños.

Los tres directivos condenados son François Fleury, anterior consejero delegado de Cobre Las Cruces; William Thomas, el ex director de mina; y la directora del departamento de Medio Ambiente, Paz Cosmen Shortmann de la compañía minera. Los dos primeros comparecieron ante el tribunal mediante sendas videoconferencias desde Estados Unidos y Canadá, mientras que Paz Cosmen sí sentó físicamente en el banquillo de los acusados.

Los tres procesados, los dos primeros auxiliados por un intérprete de inglés, reconocieron los hechos y aceptaron la condena, por lo que la presidenta del tribunal, Inmaculada Jurado, ha dictado la sentencia in voce, condenándolos a un año de prisión, un año de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, y al pago de sendas multas de 6.750 euros, mientras que Cobre Las Cruces ha indemnizado ya al Estado con 293.209,6 euros por los daños causados y la detracción del agua del acuífero.

El acuerdo se produjo después de que la Fiscalía y los ecologistas apreciaran en la conducta de los acusados las circunstancias atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas, dado que este juicio –que inicialmente estaba previsto para septiembre de 2017-, se ha producido ocho años después de que se denunciaran los hechos.

La Audiencia ha declarado en el mismo acto la firmeza de la sentencia, dado que todas las partes han renunciado a recurrirla, y también ha decidido suspender la pena de prisión durante dos años a los acusados.

Al término de la vista oral, Antonio Ramos, representante del secretariado de Minas de Ecologistas en Acción ha mostrado su "enorme satisfacción" por esta “primera condena” a una compañía minera después de ocho años de una "lucha ímproba" y ha calificado a la empresa minera como una "depredadora del Medio Ambiente. El fallo, según ha manifestado, también se produce a su juicio contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que no ha ejercido la acusación, y contra la “política nefasta de la Junta” en materia de minas.

Según el representante ecologista, lo ocurrido en Cobre Las Cruces es un "juego de niños con lo que va a ocurrir en Riotinto", que en su opinión es un “desastre anunciado”, al aventurar una fractura de las balsas que hará que "el paseo marítimo de Huelva desaparezca", entre otros daños.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla, en su escrito de conclusiones provisionales, recuerda que Cobre Las Cruces recibió en el año 2003 autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para sus operaciones de drenaje e inyección de aguas en sus instalaciones mineras situadas entre las localidades sevillanas de Gerena, Guillena y Salteras. La empresa incurrió en un "número importante de incumplimientos", según la Fiscalía, y en julio del 2006 inició la extracción de aguas y su inyección en el acuífero "sin haberse aprobado el acta de reconocimiento de las obras".

Entre otros riesgos, la CHG detectó concentraciones de arsénico superiores a las permitidas, pese a ser una sustancia declarada peligrosa en el decreto correspondiente, con el peligro de que pudiera contaminar el acuífero Niebla-Posadas, del que se abastece el consumo humano en diversas poblaciones de la provincia de Sevilla.

La compañía minera incumplió hasta nueve condiciones de la autorización concedida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para la explotación de la actividad. Así se exponía en el informe que la Comisaría de Aguas de la CHG elaboró el 12 de mayo de 2008 y que fue aportado durante la fase de instrucción de la causa.