Citados tres testigos por la escuela de hostelería de Castilleja de Guzmán

Tres vecinos de Castilleja de Guzmán han sido citados a declarar como testigos en las diligencias incoadas contra el alcalde, Carmelo Ceba (PSOE), el arquitecto del Ayuntamiento y el redactor de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por un posible delito en torno a la construcción de una escuela de hostelería en dos parcelas declaradas de "espacios libres" según las normas subsidarias aprobada en 2001.

Fuentes del caso informaron de que en concreto, han sido citados a declarar en calidad de testigos tres miembros del colectivo de vecinos que elevó el asunto a la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, departamento que recientemente se querellaba contra Ceba, el arquitecto municipal Ventura V.V. y el redactor del PGOU, Juan Carlos M.Z., así como los concejales que el 31 de enero de 2008 asistieron a la Junta local de Gobierno y firmaron el acuerdo que concedía una licencia de obra a Mego S.A., para edificar una escuela de hostelería en estos suelos.

Al respecto, recuerda la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico que las normas subsidiarias aprobadas en 2001 catalogaban estos terrenos como "espacios libres", siendo "ilegal todo acto de construcción que contradijera tal uso", así como la superación del límite del 50 por ciento estipulado en cuando a la edificabilidad de estos terrenos en los que se levanta este proyecto promovido por el Ayuntamiento, la Consejería de Empleo y la Mancomunidad para el Fomento y el Desarroollo del Aljarafe.

Por eso, se querella la Fiscalía también contra los citados arquitectos, por emitir informes favorables al proyecto y avalar que la iniciativa no infringía las normas subsidiarias. Al respecto, esgrime el Ministerio Público el resultado de dos inspecciones cursadas por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, cuyos técnicos consideran que "el uso docente de la escuela no está permitido en los terrenos donde se ubica" y que el porcentaje de suelo ocupado se eleva al 72,19 por ciento.

En paralelo, el colectivo de vecinos de Castilleja de Guzmán que elevó el caso a la Fiscalía advirtió de que tras la conclusión de la primera fase de las obras, que actualmente esperan su reanudación, el entorno del edificio sigue "sin urbanizar". El cajón de obras, según dijo un portavoz del colectivo, sigue ocupando buena parte de la vía pública pese a que no hay actividad en los tajos y no se han repuesto los acerados afectados por los trabajos de esta primera fase.

En ese sentido, este portavoz reclamó el retranqueo del cajón de obras y la reposición de los elementos urbanos afectados por los trabajos de construcción.