Castilleja y la misma piedra

Dos semanas después de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la modificación urbanística con la que el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán intentó legalizar en 2010 la escuela de hostelería -comenzó a construirse sobre una zona verde, que se cambió a Suelo de Interés Público y Social-, aún no está claro a quién corresponderá demoler y correr con los gastos de un edificio terminado, con una inversión de casi tres millones de euros de fondos de la Consejería de Empleo. Al contrario de lo que pasa con los logros, nadie saca pecho. Las fuentes se muestran esquivas: la Junta, que defendió en solitario la legalidad del cambio urbanístico y del inmueble ante el Supremo, y el Ayuntamiento, que dio licencia y perdió junto a la Junta la primera sentencia del TSJA, ahora confirmada. Sólo la Mancomunidad de Servicios del Aljarafe, la tercera pata del consorcio con el que se iba a gestionar el centro de formación, con el que Castilleja quería dejar de ser una mera ciudad dormitorio, deja claro que, pese a que gestionó las obras y las subvenciones, lo hizo por "encomienda", con los permisos de otros y no se siente responsable. Si le piden dinero, acudiría a los tribunales.

Teniendo en cuenta los pasos formales que hay que dar todavía -el Supremo debe notificar su sentencia al TSJA y éste ejecutarla o, si lo no lo hace, los vecinos pueden reclamarlo- la demolición puede tardar meses y producirse en 2015, un año de elecciones municipales, en las que el PSOE no va a repetir con su alcalde, Carmelo Ceba, como candidato. Anunció hace meses que se retiraba, aunque la oposición no descarta denunciarlo para que responda por unos hechos que, de nuevo, podrían costar dinero público, de todos los vecinos.

Pero lo llamativo es que la historia, con matices, se repite. No es la primera vez que Castilleja de Guzmán -con 3.000 vecinos ahora, uno de los términos más pequeños del Aljarafe, dos kilómetros cuadrados- se convierte en ejemplo de un urbanismo, en el mejor de los casos, mal planificado o precipitado. En 1996 no llegaba a 700 habitantes y, con un gobierno independiente, se adelantó a Marbella y fue el primer ayuntamiento que se quedó sin competencias urbanísticas. La Junta se las retiró cuando el Pleno autorizó una modificación para permitir 800 viviendas en el plan parcial Divina Pastora, donde iban previstas 300. Es la urbanización del Señorío de Guzmán, que el TSJA declaró ilegal en 2001 y ordenó demoler, dando la razón a la Junta. Cuando ya era el municipio que más crecía de Sevilla y el que, proporcionalmente, registraba más partos, carecía de colegio. No lo estrenó hasta 2003 y se quedó pequeño sobre la marcha.

Tanto en esa ocasión con el Señorío, que denunció la Junta, como ahora, con la escuela de hostelería denunciada por un grupo de vecinos, se pidió en los tribunales la suspensión cautelar de las obras. Pero se la denegaron y la sentencias llegaron con todo hecho. En el Señorío, el fallo llegó en 2001 y había 288 casas vendidas y ocupadas. La Junta, que tenía que pedir la ejecución, optó por no hacerlo. Para legalizarlo todo, el Consistorio modificó las normas urbanísticas y cambió por servicios, que no se habían planificado, como el segundo colegio, parte de los suelos residenciales.

Eran, efectivamente, otros tiempos. En 1996 seguía al frente de un ayuntamiento en una jugosa zona de expansión Juan Antonio Escribano, al que los medios de tirada nacional habían prestado atención por ser el alcalde más longevo de España, desde 1961. Llegada la democracia, sus vecinos le siguieron votando, hasta que las denuncias comenzaron a cercarle. Desde que en 1999 el PSOE ganó las elecciones, entonces con otro alcalde, José Lozano, el reto era depender menos del urbanismo y dotar de servicios, de zonas terciarias o productivas, aunque fueran pequeñas, el poco terreno libre para que la economía local fuera más sostenible. Pero tras cambios varios, entre otras cosas por los límites fijados en las nuevas normas de la Junta, el PGOU no está aprobado.

En esa apuesta por tener zonas productivas, al alcalde Carmelo Ceba quiso adelantar esa escuela de hostelería, con profesorado y con restaurante abierto al público, y se topó con un grupo de vecinos de una urbanización, el Mirador de Sevilla, cuyo nombre la describe y que cuando adquirieron sus viviendas tenían una zona verde calificada enfrente. Han hecho valer sus derechos y los tribunales les han respaldado. El alcalde, a poco de agotar su trayectoria municipal, dice que si hay un resquicio para salvar el proyecto, se intentará. "Si nadie se plantea demoler 20.000 viviendas ilegales en Marbella, no tiene sentido que se tenga que tirar una escuela de hostelería, con inversión pública, para formar a jóvenes y con repercusión en la comarca", defendía en 2012, cuando se conoció el primer fallo del TSJA.