Carpetazo judicial a las denuncias por compra de votos en Huévar y Albaida

No hay caso de compra de votos en las localidades sevillanas de Huévar y Albaida del Aljarafe. Eso es lo que han entendido sendos juzgados que han archivado las denuncias por esta supuesta corrupción política que fueron denunciadas en octubre de 2019 por el PP e IU, respectivamente. Ambas formaciones presentaron sendas denuncias en esa fecha ante la Fiscalía de Sevilla que, tras analizar el caso, denunció ambos casos en los juzgados pero ambas causas han sido finalmente archivadas por los juzgados, según han informado a este periódico fuentes judiciales. En ambos casos, el sobreseimiento no es definitivo porque tanto el PP como IU han presentado sendos recursos contra los autos de archivos decretados por el juzgado.

En el caso de Huévar, su alcaldesa, María Eugenia Moreno (PP), había pedido que se investigaran posibles delitos electorales por la "compra de votos y malversación continuada con dinero público" en el Ayuntamiento hervense por parte de los anteriores gobiernos municipales socialistas. La denuncia ahora archivada sostenía que a la alcaldesa se le negó la llave del Ayuntamiento después de ser investida y tuvo que pedir una copia, y al acceder a las dependencias municipales comprobó como los "antiguos regidores municipales habían procedido a almacenar e intentar destruir toda una serie de documentos" que se desconocen.

En el despacho de la Alcaldía y, en concreto, detrás de la silla del alcalde, había una"trituradora de papel, inservible y casi quemada por el uso", mientras que en el despacho del teniente de alcalde se localizaron una serie de cajas con documentos algunos "transcritos de puño y letra del anterior ex alcalde Francisco Martín González", según relataba la denuncia de los populares.

El PP añadía que al comprobar esas cajas descubrieron que se trataba de un "intento de ocultar las maniobras del anterior equipo de gobierno municipal y el partido al que representan para incidir en los electores y vecinos del pueblo, mediante, sin duda, el ofrecimiento de dádivas y recompensas mediante la contratación pública de vecinos o familiares, para la obtención de votos en las diferentes elecciones". El PP aseguraba que había "claros indicios de la existencia de un entramado para la captación de votos mediante el ofrecimiento de trabajos municipales".

Por su parte, el coordinador de IU-LVCA en Albaida del Aljarafe, Clemente Franco, presentó una denuncia contra el alcalde de esta localidad, José Antonio Gelo (PSOE), por la supuesta compra de votos a cambio de puestos de trabajo en el Ayuntamiento y un fraude relacionado con el voto por correo. Esta denuncia se dirigía además contra otras siete personas, entre ellas varios concejales o ex ediles socialistas y algún trabajador de la Oficina de Correos, a los que acusa de haber formado una "posible organización o grupo criminal" dirigida a la compra de votos en las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019.

IU de Albaida indicaba que había "sospechas e indicios" de un posible fraude en el voto por correo de más de 100 personas, cuyos DNI habrían sido recogidos con "promesas" de obtener contratos laborales o con "amenazas veladas" de quedarse sin el puesto de trabajo, en unos casos, o de "cerrar el programa de alfabetización para mayores si no se votaba al PSOE", en otros.

En este caso, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sanlúcar la Mayor ha dictado un auto en el que acuerda el archivo "al no existir motivos para la continuación del procedimiento por considerarse que los hechos que han dado lugar al presente procedimiento no han quedado debidamente acreditados y ello pese al extraordinario trabajo de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla", precisa el auto de dos folios, al que ha tenido acceso este periódico.

IU ha presentado un recurso contra el archivo en el que considera que el auto no está motivado "ni de forma mínima" y que el archivo es "precipitado, cerrándolo en falso" una investigación que, según esta formación política, "se ha debido agotar más". "Entendemos que la instrucción se ha debido agotar aún más, antes de adoptar la decisión de archivo que se ha tomado", añade el recurso.