Burguillos, "a meses vista" del colapso

El Ayuntamiento de Burguillos, en el que el PP gobierna con mayoría absoluta desde 2011, aprobó el sábado por unanimidad -algo casi insólito en lo que va de mandato- lo que se ha llamado una declaración de "inviabilidad", que implica reconocer de forma institucional que está al borde del colapso, avisar al Estado, a la Junta y a la Diputación de que éste que se puede desencadenar en los próximos meses. Esa "fecha de caducidad", según ratificó ayer el alcalde, Domingo Delgado, está marcada por varios factores.

Como la posibilidad de que él mismo sea imputado por no ejecutar sentencias firmes por impagos de la etapa anterior, que condenan al Ayuntamiento a abonar más dos millones de euros. Desde que tomó posesión negocia con los jueces, que le han dicho que no da para más. Además, pese a ser una administración, ya hay un juzgado de lo Mercantil que ha intervenido una cuenta por una deuda pequeña, que si se generalizara les dejaría sin margen de maniobra.

Pero lo más grave es la inminente liquidación de Burguillos Natural, sociedad municipal que funcionó como un ayuntamiento paralelo en la etapa de gobierno socialista. Entró en concurso de acreedores en 2009. La liquidación implica que los 47,5 millones que debe vuelvan al Consistorio, que debe otros 17, y que la deuda municipal se eleve a 70 millones de euros. Ello supone 11.000 euros por vecino, más del doble que los ayuntamientos para los que se ha barajado el rescate, como Barbate, La Línea, Jerez y Los Palacios. Aunque la localidad de la Vega, que ha pasado 3.600 a 6.500 habitantes en una década, es la más pequeña con diferencia.

No se podría pagar nada, ni prestar los servicios básicos que tiene encomendados. Se da la circunstancia de que a pesar de esa deuda, el suministro de agua sigue dependiendo en el municipio de pozos y motores que tiene que mantener el Ayuntamiento. Hay urbanizaciones nuevas enteras que se surten de luz con generadores cuyo combustible debe sufragar igualmente, ya que dio licencias de ocupación sin que estuviera terminada la infraestructura. El gasoil cuesta 30.000 euros al mes.

Al Pleno en el que se tomó la decisión de hacer público lo que se barrunta desde hace mucho se invitaron a colectivos sociales del pueblo, para que sean conscientes de la situación, que, según Delgado, no implica que el gobierno se vaya ir, sino que el Consistorio necesita el rescate. Se van a pedir reuniones urgentes al presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos; al vicepresidente y consejero de Administraciones Públicas, Diego Valderas; y al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, para exigir medidas.

Aunque el Ayuntamiento ha logrado levantar recientemente el embargo de los ingresos del Estado que tenía por deudas con Hacienda y la Seguridad Social, tiene retenidos el cien por cien de los ingresos que le corresponden de la Junta, por subvenciones gastadas en fines distintos a los fijados y cuya devolución se reclama. Ha tenido que afrontar despidos, aunque no debe nóminas.

Pese a lo llamativo del titular de que un ayuntamiento se declare inviable no es la primera vez que se apunta en Burguillos. En 2010, la ex alcaldesa Mariana Pérez (PSOE) ya planteó que se debía estudiar incluso la disolución, como se había hecho con Marbella, ante la imposibilidad de gestionar con los ingresos de que disponía y los pagos a los que estaba obligado.

Ocurría meses después de que tomara el relevo a Juan José López, el alcalde socialista, que dimitió antes de ser inhabilitado y a cuya apuesta política Burguillos debe la situación de hoy: un crecimiento exacerbado, basado en el urbanismo y cuyos ingresos se han malgastado, bien por una gestión irregular -que se debe dirimir en los tribunales en los que hay decenas de denuncias- o porque fueron a inversiones mal planeadas, que exceden sus competencias e imposibles de mantener. Burguillos Natural construyó un restaurante, un hotel, piscinas climatizadas y un colegio, estos últimos sin terminar. Antes del pinchazo de la construcción, la Junta ya intentó dejar en suspenso la mitad de las viviendas que planteó en el PGOU.