Bolaños cita a declarar como investigado por los ERE al alcalde de Cazalla

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que instruye la macrocausa, ha citado a declarar el 26 de mayo en calidad de investigado en el caso de los ERE al alcalde de Cazalla de la Sierra, Sotero Martín Barrero (PSOE), en relación con las ayudas concedidas a las empresas Cortansa, Corchos de Cazalla, Servicios y mantenimientos de Cazalla de la Sierra y Enoword.

En un auto, Bolaños ha citado a declarar al alcalde y a otras cinco personas, y ha archivado la causa contra otros 12 imputados cuyos delitos han prescrito al haber transcurrido más de diez años desde que se concedieron las ayudas y se dirigió la causa contra estos imputados. Se trata de las primeras prescripciones de delitos que afectan a 12 de los más de 270 imputados en la macrocausa.

La decisión de María Núñez Bolaños se produce tras la resolución dictada por la Sección Séptima de la Audiencia y a raíz del escrito remitido por la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2015 al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, entonces dirigido por Mercedes Alaya, que se marchó a su destino en la Audiencia sin resolver la petición del Ministerio Público.

En el auto, María Núñez Bolaños señala que la petición realizada por el Ministerio Público debe ser estimada, "atendiendo a los razonamientos" expuestos por la Audiencia en el auto de 9 de marzo de 2016, puesto que, "al igual que en los supuestos analizados por la Audiencia Provincial, en el resto de los casos cuya prescripción solicita el Ministerio Público no existen otras resoluciones, previas a la del auto de 6 de febrero de 2015 que reúnan la condición de actos de interposición o de dirección Judicial contra persona determinada o determinable, de los que pudiera deducirse la voluntad judicial de no renunciar a la persecución y castigo del ilícito".

La magistrada coincide con la Audiencia en que "no es sino con el auto de 6 de febrero de 2015 cuando se colma la exigencia del art. 132 del Código Penal respecto de las personas para las cuales pide el Ministerio Público la declaración de prescripción de los delitos de prevaricación y malversación", es decir, cuando se dirige contra ellos la causa al constar unos indicios presuntamente delictivos.

En todos los supuestos solicitados, prosigue Bolaños. se trata de ayudas en cuantía inferiores a 450.000€, en las cuales “podemos considerar no resulta de aplicación el subtipo agravado” para estos delitos, "acogiendo el criterio meramente objetivo sostenido por el Ministerio Público y estableciendo como límite la cuantía para la cual la normativa reguladora de la agencia IDEA, antes IFA, exigía pasar por la ratificación/aprobación del Consejo Rector, signo evidente de que la Administración pública concedente las consideraba de especial relevancia por su cuantía". Asimismo, en todos los supuestos las ayudas han sido abonadas “con más de 10 años de antelación” a la fecha del auto de 6 de febrero de 2015 que dictó Mercedes Alaya.

En el auto, Bolaños acuerda el archivo de la causa contra estas 12 personas, pero acuerda traer al procedimiento, como responsables civiles “en su condición de partícipes a título lucrativo”, a las entidades beneficiarias, de acuerdo con el artículo 122 del Código Penal. En concreto, este artículo establece que quien “por título lucrativo hubiese participado de los efectos de un delito, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó a la juez Mercedes Alaya en marzo de 2015 que archivara la causa contra estos 12 imputados -entre ellos uno fallecido en enero de 2015- al estimar que habían prescrito los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que se les atribuyen.

Los investigados cuyos delitos han sido declarados prescritos y, por tanto, quedarán impunes son: Antonio Diana Expósito -que recibió una ayuda de 60.000 euros pagada en julio de 2004-; Antonio Florencio Suárez -60.000 euros-; José Gómez Muñoz -90.151,81 euros-; Eustaquio Reina (fallecido en enero de 2015) y José Reina Espínola, quienes percibieron 300.000 euros; José Bermúdez Ávila y María del Rosario Rodríguez Barranquero, por una ayuda de 390.657,87 euros; José Manuel Prieto Guerra -180.303,63 euros-; Luis García García -270.455,44 euros-; Miguel Ángel Sáez Fernández -150.252 euros-; Joaquín Llano Heredia -150.253,03-; y Beatriz Pérez Martín. Ésta última es hermana de la ex delegada de Medio Ambiente de la Junta en Sevilla e hija de un parlamentario del PSA, y percibió para la empresa Producciones Barataria ayudas por importe de 200.354,24 euros en 2004, aunque tiene otra ayuda en 2007 que no habría prescrito.

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, en un auto dictado la semana pasada, estimó los recursos presentados por José Manuel Prieto Guerra, presidente de la Asociación Sierra Norte para la Atención del Disminuido Psíquico, que fue imputado por la ayuda de 180.303,63 euros concedida en mayo de 2002; y por Luis García García, presidente de la cooperativa Virgen de Belén y secretario de organización del PSOE de Las Navas de la Concepción, por la ayuda de 270.455,44 euros concedida a dicha empresa.

De otro lado, la juez Bolaños ha citado a declarar los días 24 y 26 de mayo a otros seis imputados relacionados con las ayudas a la Sierra Norte. Entre estas personas se encuentran Verónica Galloso Villalba, como receptora de pagos por importe de 60.000 hechos a modo de ayuda directa a empresa en fecha 12 de diciembre de 2006 y 23 de enero de 2007 por Estudios Jurídicos Villasís; Laura de la Cruz López y Beatriz Ponce de la Cruz por su participación en la obtención de ayudas a la empresa Venero de Móstoles S. L. por importe de 430.000 y 139.500 euros, cuyo último pago fue el 2 de noviembre de 2004; Rogelio Becerra Martín, en relación a su participación en la obtención de ayudas para las empresas Cortansa, corchos de Cazalla, Servicios y mantenimientos de Cazalla de la Sierra y Enoword; Sotero Martín Barrero por las ayudas a las empresas Cortansa, corchos de Cazalla, Servicios y mantenimientos de Cazalla de la Sierra y Enoword; y Fernando Pedro Moreira Oliveira Alves, por las mismas subvenciones que el anterior.