El Ayuntamiento anuncia un recurso que no cabe contra la sentencia de Consyproan

El Ayuntamiento de Espartinas anunció este jueves que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que ha condenado al Consistorio a devolver 2,2 millones de euros a una constructora, pero este recurso no cabe contra el fallo según refleja la propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que especifica en el fallo que "contra la presente resolución no cabe recurso".

En un comunicado remitido a este periódico, el Consistorio asegura que el cobro de las tasas es "totalmente legal, como demuestra una sentencia del propio TSJA, ante un recurso de anulación presentado por el PSOE, y donde se nos dio la razón ante la legalidad del cobro de esas tasas. La decisión del TSJA nos obliga a recurrir ante el Tribunal Supremo, ya que anteriormente nos dieron la razón en cuanto al cobro de estas tasas urbanísticas, que han revertido en servicios para los vecinos", aseguró ayer Javier Jiménez, concejal de Urbanismo.

El edil explicó que la tramitación urbanística de estos convenios "sigue estando en vigor", aunque reconoció que "no con la celeridad" que desearían. "Pero tenemos que atenernos a los tiempos urbanísticos que marca el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) que aprobó la Junta de Andalucía. Estos convenios siguen estando en vigor, y no hay ningún incumplimiento de contrato, tal y como afirma la sentencia".

Para el concejal Javier Jiménez esta sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal andaluz "no es más que una muestra del daño que el POTA le está provocando a los municipios andaluces", a lo que añadió que este plan autonómico "no es más que un despropósito y ahora quieren que sean los Ayuntamientos los que limpien las vergüenzas de aquel acuerdo entre PSOE e IU". El edil insistió en que recurrirán la sentencia porque "si se ganó una vez, porque no se va a ganar otra".

El TSJA condenó al Ayuntamiento de Espartinas a devolver a la sociedad Consyproan 2.243.203,20 euros, la cantidad que la constructora tuvo que pagar como consecuencia de las exigencias económicas del Consistorio a la hora de firma un convenio urbanístico para la reclasificación de unos terrenos en la zona de El Granadal que iban a ser incluidos en un proceso de urbanización que lleva paralizado desde 2006, según recoge la sentencia.

El tribunal acordó resolver el convenio que la constructora había suscrito con el Ayuntamiento, por el que pagó 1,5 millones de euros en concepto de tasas por la tramitación administrativa y otros 681.175,20 euros que el Ayuntamiento exigió en el marco de un convenio de patrocinio suscrito con la empresa municipal Espartinas Desarrollo Local S. A. (Esdelsa).