Alivio en la marisma

Faltaba un minuto para las once de la mañana cuando en el salón de plenos del Ayuntamiento de Isla Mayor sonó el nombre de José Manuel Álvarez García. Era el primero de los pescadores de cangrejo rojo que recibía la licencia para dicha actividad tras la orden de la Junta que establece un plan de control sobre esta especie invasora. Luego la recibieron los otros 29 que estaban citados al acto con el que -en palabras del alcalde del municipio marismeño, el socialista Juan Molero- se ponía "la guinda" a cuatro meses de lucha desde que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo, en la que se da la razón a los ecologistas sobre el control del cangrejo rojo.

"Hay órdenes que tardan un año, pero ésta se ha elaborado en tiempo récord. Aunque aún hay que pulir ciertos aspectos, lo importante es que ya se puede pescar", señalaba el regidor de Isla Mayor, quien minutos antes de la entrega de las licencias recordaba que el 80% de los vecinos del municipio -de casi 6.000 habitantes- viven del cangrejo rojo, una especie procedente del sur de Estados Unidos que se introdujo en la comarca del Bajo Guadalquivir en 1974. Al acto acudieron Manuel Bejarano, alcalde de La Puebla del Río (otra localidad donde esta actividad es de suma importancia), José Losada, delegado de Medio Ambiente de la Junta, y Javier Madrid, director de Gestión del Medio Natural.

Madrid destacó el "gran esfuerzo" realizado para cumplir con la sentencia del Alto Tribunal y, por otro, mantener una actividad "que si no existiera habría que inventarla". "La orden cumple al 99% las necesidades y exigencias del sector. Si se hubieran añadido aspectos colaterales, no habría estado vigente para la nueva campaña", puntualizó el director de Gestión del Medio Natural, quien agradeció a los servicios jurídicos de la Junta que hayan colocado este asunto "el primero" encima de la mesa.

Los rostros de quienes acudieron a la entrega de las primeras licencias -en total se han solicitado 366 licencias- eran de alivio. La tranquilidad volvía al sector tras cuatro meses de incertidumbre. La nueva ley únicamente permite movilizar al cangrego vivo desde que se pesca hasta las fábricas. Pone también un límite al número de redes de cada pescador: sólo 80. Algunas de ellas ya se han comenzado a colocar en los arrozales. La campaña de este año comenzará 20 días más tarde de lo habitual debido, al margen de la entrega de las licencias, a las fuertes lluvias que se registraron en mayo, que obligaron a retrasar la siembra del arroz. "Estaba todo enfangado, lo que impidió la entrada de las máquinas. Hubo que esperar a que la tierra se secara", relata Salvador Maestre, un cangrejero que lleva 46 años desempeñando esta labor. "El cangrejo se coge cuando se inundan los cultivos. En condiciones normales, habríamos empezado a principios de agosto. Este año lo haremos casi en septiembre", incide Maestre, quien estos días repasa y pinta las redes -sólo se permiten las denominadas de tipo holandesa- para que se sepa, una vez extendida, a quién pertenece.

Un pescador con cierta veteranía captura a la semana entre 1.500 y 2.000 kilos de cangrejo. Este año el precio del kilo se ha fijado en 75 céntimos, una cifra algo mayor que en la campaña anterior, cuando estaba a 60 euros, según apuntaron ayer fuentes del sector. A la semana, por tanto, estos pescadores, tras vender la mercanía en las fábricas, logran unos ingresos de 2.600 euros, lo que les permite vivir durante el año de lo que pescan en cuatro meses, duración media de cada campaña. "Los otros ocho meses repasamos las redes y el material de pesca", refiere Francisco José Galera, que a sus 32 años lleva ya década y media viviendo de esta actividad.

Una jornada de trabajo, en plena campaña, puede llegar a las 12 horas, duración que hace dificíl compaginar la vida laboral con la familiar. Este obstáculo, sin embargo, no ha impedido que en los últimos años cada vez sean más las mujeres que se dediquen a la caza del cangrejo rojo. Sonia Romero aprendió el oficio de su padre.

Embarazada de su primer hijo -que ya tiene 23 años- pescaba este crustáceo. Hoy lo hace junto a su marido. Cuando llegaba la campaña, dejaban a sus hijos a cargo de los abuelos mientras que ellos pasaban la noche en los arrozales, ya que la mayor parte de esta actividad se desarrolla cuando el sol se esconde. "Siempre le recuerdo a mi hija, que ya es mayor, que durante unos meses debe olvidarse de vernos en casa por la noche", refiere Romero, quien también recibió ayer la licencia para la pesca del cangrejo.

Las mujeres ocupan cada vez más puestos de gran responsabilidad en el sector. Merche Egea se encarga de supervisar la calidad de los cangrejos que se tratan en Emfacar, una de las cinco empresas que se dedican a la comercialización de esta especie. "Las mujeres tenemos ya bastante presencia en tareas administrativas y logísticas", añade Egea, cuya empresa en la que trabaja se fundó en 1992 y hace dos años inauguró nuevas instalaciones. "Durante el año mantenemos a una treintena de empleados, pero la plantilla aumenta hasta las 200 personas cuando comienza la campaña de captura", asegura esta responsable de calidad.

Su labor se centra en controlar que el cangrejo tenga bastante carne, y que se encuentre "bien lavado y cocido". Cada unidad se vende en el mercado a un precio que oscila entre los cuatro y cinco euros. "La orden de la Junta ha supuesto un gran respiro para las empresas, que se veían abocadas a la muerte, justo ahora, que estamos diversificando la producción". Egea detalla que, además de la venta del cangrejo, Emfacar se está especializando en derivados como precocinados, tortillas y buñuelos elaborados con dicho crustáceo.

Esta actividad mueve anualmente 20 millones de euros en toda la comarca del Bajo Guadalquivir. El 85% de la producción se exporta a Estados Unidos, Francia, Alemania, Dinamarca y Bélgica. Países en los que el cangrejo rojo de la marisma es considerado un producto gourmet.