Afectados por las VPO de Asfi presentan una denuncia por estafa

Medio centenar de vecinos de Dos Hermanas que han dado dinero para la compra de un piso de VPO en Residencial Entrenúcleos, en la BPO-6, una de las promociones del III Plan Municipal de Vivienda, presentaron ayer una denuncia por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida contra los representantes de Asfi, la promotora que compró la parcela. Así, y al margen de las denuncias por reclamación de cantidad, el caso entra en un proceso penal. Los afectados decidieron también iniciar una acampada en los suelos en los que sus pisos deberían estar en obras, puesto que la fecha de entrega era final de 2013.

La denuncia se dirige contra las dos personas que firmaron los contratos privados de compraventa, entre ellos el socio único de Residencial Entrenúcleos y del grupo Asfi al que pertenece la citada sociedad, Iñaki Gil, que está en prisión preventiva por un presunto delito de estafa y apropiación de fondos de comunidades de vecinos que se investiga en Navarra. En el escrito se reclama al juez que, para depurar las responsabilidades de todas las partes, se pida a la Consejería de Vivienda el expediente sobre la promoción de VPO (a la que autorizó en 2011 para que recibir cantidades a cuenta) y al Ayuntamiento que aclare las gestiones hechas para cobrar un aval que la empresa depositó en noviembre en el Consistorio, teóricamente para hacer frente a esas cantidades y que firma una entidad financiera extranjera, cuya sede en España est6á en un polígono de la localidad jiennense de Andújar.

Los delitos de estafa y apropiación indebida que se atribuyen se basan en que en los contratos se recoge que las cantidades que iban a pagar los compradores estaban garantizadas con una póliza de seguros, cuya certificación individual se comprometieron a darles, algo que no ocurrió. Ello, unido a que la obra no terminaba de arrancar, hizo que muchos -hay 250 afectados de 372 VPO previstas- renunciaran a los pisos. Hasta ayer el reintegro del dinero no se había hecho. En el escrito, los afectados aseguran que el dinero "no se halla en la cuenta bancaria abierta" y que "tampoco han sido destinado" a la obra.

Los compradores creen que estos hechos pueden constituir un delito de estafa "pues se utiliza el engaño, de forma persistente e inveraz, de prometer la entrega del aval bancario para conseguir la firma". Los demandantes han entregado cantidades que rondan los 10.000 euros, dependiendo de cuándo dejaron de pagar. En cuanto a la apropiación indebida, se basa en que quienes han recibido el dinero no lo ha devuelto ni usado en el fin previsto y puede existir un "ánimo de lucro". La denuncia la firman 50 afectados, y está previsto que se sumen más.

El juzgado de Pamplona que investiga el supuesto desvío de fondos de comunidades de vecinos ha pedido ya documentación a afectados de Dos Hermanas, que llegaron a recibir correos electrónicos con certificaciones de ingresos "falsas" en sus cuentas, en lo que parece el mismo modus operandi.

El Ayuntamiento, por su parte, ha venido insistiendo en que su prioridad es que cobren los afectados y se ha comprometido a que, si en septiembre de 2014 no lo han hecho, les "anticipará" el dinero, con fondos públicos y subrogándose los derechos de estas personas para reclamárselos a la promotora, como ha hecho con la BP-3 y la promotora Vistadher, que le ha dado un solar a cambio. El III Plan Municipal de Vivienda arrancó hace más de seis años con la creación de un registro de demandantes, pero sólo dos de las 14 manzanas, apenas del 13% de más de 5.000 pisos, están en obras. La mayoría van en Entrenúcleos, como la citada de la BPO-6, que debería alzarse cerca del Hipódromo.

El PP pide a la Fiscalía que indague en la responsabilidad municipal

La de los afectados por la BPO-6 no fue la única denuncia que llegó ayer a los juzgados. El PP de Dos Hermanas también presentó otra ante la Fiscalía de Sevilla para que inicie una investigación sobre el caso, en el que considera responsable al gobierno socialista de Dos Hermanas, en tanto que se trata de un plan de vivienda "municipal", y que fue el Ayuntamiento el que contactó con los interesados, les informó y les ha ido pidiendo que dieran márgenes de confianza a las promotoras. Además, según se recoge en el escrito de denuncia, el gobierno local se comprometió a que el dinero de los compradores estaría una cuenta bloqueada, que necesitaría la firma de un funcionario para que las promotoras pudieran disponer del mismo, aunque ese control no se produjo en todos los casos, porque era una condición que no se podía imponer a las empresas, que debían aceptarla. El PP destaca que en el caso de la BPO-6, se presentó un aval en el Consistorio por las cantidades cobradas con fecha posterior a la entrega del dinero y habla de "futuros compradores" cuando tiene contratos firmados. También subraya que la empresa anunció en octubre la venta de esa sociedad a otro grupo inversor. La entidad tampoco ha pagado a los Ayuntamiento los suelos municipales.